Sólo una de las alrededor de sesenta vallas publicitarias que, gestionadas por empresas, se contabilizaban en el casco urbano de Alzira y su término municipal está legalizada. Es una de las conclusiones de una auditoría de la gestión del área de disciplina urbanística que ha impulsado el actual responsable, Fernando Pascual. El gobierno municipal ha aprobado esta semana la demolición subsidiaria de una valla levantada sobre un terreno de dominio público junto a la CV-505, el polígono de la Carretera de Albalat, ante la pasividad de la empresa promotora en hacer efectivo el requerimiento previo para que la retirara, así como tres órdenes de demolición que afectan a otras cinco vallas, algunas situadas en terrenos de propiedad privada. En todos los casos figura la misma empresa como promotora.
La auditoría, por otra parte, también ha detectado la presencia de publicidad en vallas de titularidad municipal -el ayuntamiento cuenta media docena en diferentes puntos- que se ha instalado sin su conocimiento. «Los anteriores gobiernos han mirado hacia otro lado consintiendo que esto ocurriera y lo más grave es lo que se ha dejado de recaudar ya que cada una de estas vallas tiene que pagar 1.200 euros anuales, por lo que se ha dejado de ingresar más de 70.000 euros al año», indicó ayer el actual responsable de Gestión Urbanística, que no dudó en señalar que se trata de un ejemplo de «desidia» en la gestión del anterior gobierno del PP.
El edil detalló que la única valla publicitaria que cuenta con todas las autorizaciones -las que el ayuntamiento tiene en Tulell o el solar de Cartonajes sí están en regla- se localiza junto al Monasterio de la Barraca d'Aigües Vives, los permisos concedidos por la actual corporación son además recientes, mientras que el resto presenta «defectos» que se arrastran de la anterior legislatura. O bien ni siquiera se pidió licencia para su construcción o se levantaron pese a que el ayuntamiento la había denegado al no ser compatible con la disciplina urbanística. La casuística es variada y también puede darse el caso de que haya vencido la concesión que se otorgó en algún momento dado para ubicarla.
«El objetivo es regularizarlas»
Fernando Pascual señaló que las órdenes de demolición aprobadas esta semana por la junta de gobierno «no son las primeras» y que el objetivo último del tripartito es que estas vallas «esten regularizadas» y paguen las tasas correspondientes.
En el caso de la orden de ejecución subsidiaria, el Ayuntamiento de Alzira también emplaza a la empresa a abonar algo más de 2.000 euros, el coste en que se han estimado los trabajos de demolición, con la advertencia de que si no ingresa esta cantidad en el plazo de un mes se le requerirá por vía ejecutiva con el 20 % de recargo.
Se trata del penúltimo paso de un largo expediente de restauración de la legalidad urbanística antes del derribo de la valla que debe poner fin al mismo.
