Se ha convertido, con el tiempo, en una reivindicación histórica aunque todavía queda lejos el día en que se convierta en una realidad. La ansiada conexión de Alzira con la AP-7 llevará a Madrid a representantes del ejecutivo local, según explicó ayer el alcalde de la ciudad, Diego Gómez. La intención es reunirse con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para trasladarle la necesidad de unir la autopista de peaje con la capital de la Ribera Alta, concretamente a la altura de la carretera de Albalat, que alberga uno de los polígonos industriales más importantes del municipio. La petición de un acceso directo a la autopista aúna a todos los sectores políticos. sociales y económicos de la ciudad.
Alzira siempre ha soñado abrir una vía de entrada a las principales carreteras valencianas. La autovía de Guadassuar le permitió acercarse a la antigua N-340, pero la AP-7 se le resiste. De ahí que en la inauguración de la Semana de la Economía alcireña, y ante la presencia de la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, la cuestión saltara a la palestra. La propia Ferrando reconoció el interés del gobierno valenciano de incluir esta cuestión entre las cuentas autonómicas: «Estamos abiertos a incluir vuestras propuestas y necesidades en los presupuestos, la comarca tiene que seguir reivindicando esta y otras cuestiones», afirmó.
Gómez se tomó la frase al pie de la letra y señaló que está trabajando junto a los empresarios locales para «seguir moviendo la reivindicación». El alcalde desveló su intención de llevar la queja al propio ministro de Fomento, ya que el Estado tiene mucho que decir en materia de infraestructuras (tanto Gómez como Ferrando recordaron las carencias en materia de financiación de la Comunitat por parte del Gobierno central). Y no pretende acudir solo junto a los representantes de los empresarios, ya que también espera contar con la colaboración de los dos diputados nacionales nacidos en la comarca, Joan Baldoví y Elena Bastidas.
Seguidamente, inauguraron la semana de la economía incidiendo en la necesidad de encontrar nuevos modelos de negocio más sostenibles y en la importancia de que las administraciones públicas, los agentes sociales y las empresas privadas colaboren para salir definitivamente de la crisis.
