El acuerdo de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que a principios de diciembre decretó el traslado a València del juzgado de lo penal número 15 de Alzira se hará efectivo finalmente los últimos días de marzo. Los técnicos de la Conselleria de Justicia consideran que en la última semana se habrá podido completar la integración de la base de datos de la sala de Alzira con la existente en la Ciudad de la Justicia de València y la adaptación de aplicaciones y fuentes del departamento que dirige Gabriela Bravo confirmaron ayer que se trabaja con la previsión de que entre los últimos días de marzo y los primeros de abril se formalice el traslado físico de esta sala desplazada que atiende los partidos judiciales de Alzira, Xàtiva y Ontinyent.
Otras fuentes consultadas señalan incluso que entre el 27 y el 30 de marzo está previsto el traslado de expedientes y equipamiento y que será a partir del 3 de abril cuando el juzgado penal 15 empiece a trabajar en el nuevo emplazamiento.
El decano del Colegio de Abogados de Alzira, Antonio Llácer, reiteró ayer su indignación al señalar que al consumarse el traslado se está generando un trastorno «irreversible e irreparable» tanto a los usuarios de la justicia de estas comarcas como a las fuerzas de seguridad ya que los agentes tendrán que desplazarse obligatoriamente a València para cualquier juicio, con la pérdida de horas que eso implica.
El juzgado de lo penal cumplió el pasado 30 de diciembre diez años en Alzira y, si bien tras conocerse la decisión del CGPJ todos sabían que tenía los días contados, la incertidumbre sobre la fecha en que se materializaría el mismo ha sobrevolado el trabajo en la sala durante los últimes meses. De hecho, la Sala de Gobierno del TSJCV aprobó una resolución el pasado 8 de febrero en la que emplazaba a la Conselleria de Justicia a fijar la fecha en que pudieran estar a punto los medios materiales necesarios como las salas de vistas y el sistema Arconte de grabación para proceder al traslado del juzgado a València, una medida acordada con el objetivo de descongestionar una sala especialmente saturada al atender un área con cerca de 80 municipios.
Fuentes de la conselleria confirmaron que será finalmente entre la última semana de marzo y la primera de abril cuando se efectuará al traslado y el juzgado retomará la actividad ya en València.
La creación de este juzgado desplazado fue una larga reinvidicación de los profesionales del Derecho con el objetivo de acercar la Justicia a los ciudadanos y evitar las molestias derivadas de los múltiples desplazamientos que se tenían que realizar a Valencia de todas las partes implicadas en un proceso, desde acusados o denunciantes a testigos y fuerzas de seguridad.
El juzgad0 entró en servicio de forma provisional en un bajo ubicado en la Plaça de la Generalitat con la perspectiva de que el prometido Palau de Justícia de Alzira permitiría habilitar una estancia con mejores condiciones, aunque la demora en ejecutar ese proyecto, que sigue pendiente, pronto puso en evidencia las carencias del local, lo que incluso llevó a la Inspección de Trabajo a dar un ultimátum a la conselleria. Los intentos del Ayuntamiento de Alzira por ofrecer un local alternativo que evitara la pérdida de este juzgado han resultado infructuosos ante la determinación del traslado y pese a las movilizaciones del colegio de Abogados.
