Villanueva de Castellón y Benifaió se encuentran entre los 13 ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que la Sindicatura de Comptes ha remitido a la fiscalía del Tribunal de Cuentas al detectar en su informe de fiscalización referido al año 2015 indicios de responsbilidad contable. Los dos consistorios han recurrido al informe realizado por el Síndic y se encuentran en proceso de solventar dichas irregularidades para evitar la réplica del tribunal, pues la sindicatura valenciana no tiene capacidad sancionadora y cuando detecta alguna anomalía la tiene que trasladar a esa instancia superior.
El caso que más llama la atención es el de Villanueva de Castellón. En este caso, el Síndic enumera diferentes incidencias encontradas en el informe de la Intervención de 16 de marzo de 2016. La primera explica que el consistorio paga un complemento de productividad por hacer tareas de tesorería-recaudación que no se debería de abonar como tal, sino que tendría que estar correctamente presupuestada la plaza de tesorero y proveerla como corresponde. La segunda incide en que la contratación de personal temporal debe de quedar reservada a casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten a servicios públicos esenciales. Y por último, indica que existen en el consistorio contratos menores que han tenido una vigencia superior al año de duración. Por estos motivos, la sindicatura considera que deben de fijarse de manera más concreta unos objetivos previos y concretar las cantidades que se obtienen por ello, reflejándose todos estos aspectos en una Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
El consistorio castellonense, por su parte, alegó que ya se está creando la RPT, cuya finalización está prevista para finales de 2017, y que la plaza de tesorería está dotada en el presupuesto de 2017. El alcalde, Óscar Noguera, asegura que existe un convenio firmado con los trabajadores y que lo único que se ha hecho es aplicarlo, pero que es normal que el Síndic haya reaccionado al recibir el informe negativo del interventor. No obstante, considera que para el año que viene seguramente esté todo regularizado.
En lo que refiere al consistorio benifaionense, la sindicatura se basa en el informe de la Intervención del 23 de marzo de 2015, anterior por tanto al actual gobierno, sobre la liquidación del presupuesto de ese año. El Síndic indica que se han adoptado acuerdos de devolución de ingresos indebidos o fianzas sin la previa fiscalización de la Intervención, y que, además, no se realiza un seguimiento contable de los aplazamientos y fraccionamientos de derechos de acuerdo con la plataforma ICAL. Por estos motivos, exige el reintegro de los pagos a justificar pendientes de aplicación y que se modifique el sistema de seguimiento.
En este aspecto, el ayuntamiento asegura que tiene localizados los dos pagos pendientes de justiciar, que datan de 2004 y 2007, y que los departamentos responsables se encuentran trabajando para poder solventar la irregularidad. De hecho, según asegura el edil de Hacienda, Xavier Martínez, se trata de dos cantidades muy pequeñas, de 120? y 722? respectivamente. Respecto al procedimiento de seguimiento, Martínez indica que el tesorero ya ha respondido al informe de la sindicatura alegando que se trata de un sistema que se realizaba con anterioridad a su llegada al ayuntamiento y que de cara a los próximos años ya se aplicará un seguimiento contable de acuerdo con la ICAL, motivo por el cual no les preocupa si la fiscalía inicia una inspección.
La Sindicatura de Cuentas aprovechó el informe también para detallar que las entidades locales de toda la Comunitat Valenciana acumulan un total de facturas pendientes de pago que alcanzan los 122,8 millones de euros, pero pese a ello, se trata de un 5,4 % menos que el año anterior.
