La alcaldesa de Riola, Judith Capellino, valoró ayer como un «golpe muy duro» para el ayuntamiento la sentencia que le obliga a asumir los últimos cinco años de Seguridad Social de los técnicos que prestaban servicio a través del convenio con la Diputació de València y, tras subrayar que los ayuntamientos «no son los responsables de esta situación irregular» que provocó las denuncias de la Inspección de Trabajo ya que se trata de un convenio que ofrecía la corporación provincial «al que simplemente nos adheríamos», reclamó la devolución del IVA abonado por estos servicios si ahora se tiene que asumir también la Seguridad Social al entender los jueces «que son personal laboral y no autónomos». «De otra manera se duplicarían los pagos a Hacienda, por un lado como autónomos y, por otro, como personal laboral».
«No es justo que culpe a los ayuntamientos después de treinta años de convenios, no tiene ningún sentido», incidió Capellino, mientras anunciaba que EU presentará mociones en todos los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes para exigir soluciones. El Ayuntamiento de Riola es uno de los cinco que ya ha perdido el juicio en el que estaba representado por la diputación.
Esquerra Unida reclamó ayer la corporación provincial que asuma su responsabilidad ante las denuncias de la Inspección de Trabajo por estos convenios destinados a municipios de menos de 5.000 habitantes. El diputado nacional Ricardo Sixto valoró como «desproporcionado e ilógico» que Trabajo «persiga a los ayuntamientos por convenios de más de treinta años» y anunció que pedirá la comparecencia del director general.
