En las diligencias investigativas, la Fiscalía ha solicitado una documentación que afecta a tres arquitectos técnicos y a un arquitecto. Se trata del contrato de obra y rehabilitación del antiguo molino para ubicar la biblioteca, de los de redacción y dirección de las obras del departamento de policía, del Casal Multiusos y del Casal Jove, así como los expedientes sobre diferentes proyectos de urbanización. Además, también se ha solicitado la documentación en referencia a dos licencias de apertura y otras dos de actividad de negocios del municipio.
Según indicó Tamarit, «por el momento solo nos han requerido la documentación y vamos a proporcionarla». Desde el equipo de gobierno se desconoce cual ha sido el motivo por el que el Ministerio ha abierto diligencias, aunque desde el entorno se baraja la hipótesis de que algún extrabajador que conociera los contratos denunciara posibles anomalías en los mismos. En este aspecto, la primer edil confió en que no exista ninguna ilegalidad pues «todo se hace según especifican los técnicos y ellos cumplen las normas a rajatabla».
Por otro lado, el actual número dos del ayuntamiento y exalcalde, Salvador Campillo, se mostró ayer tranquilo pese a que algunas de las actuaciones se llevaron a cabo bajo su mandato y subrayó : «Yo solo tuve el placer de inaugurar los edificios, pero no firmé los contratos». El edil confía en la profesionalidad de los técnicos e indicó que estaba «seguro de que Gil y Baldoví no han hecho nada ilegal».
