De la misma manera que Alberto Fabra se obstinó en localizar e identificar al hipotético filtrador de papeles desde el Palau de la Generalitat a la prensa, el Ayuntamiento de Sueca también ha abierto su propia veda. ¡Se busca el filtrador de Ca la Vila y una empresa que fumigue periódicos y periodistas!
La investigación abierta por la Fiscalía de la Audiencia de València ha desatado tal obsesión que la propia alcaldesa y concejal de Personal, Raquel Tamarit, anunció en el pasado pleno la sanción en forma de suspensión de empleo y sueldo que le puede acarrear a la supuesta persona que puso en manos de los medios de comunicación lo que es un documento público de innegable relevancia judicial. Impropio de una clase política, Compromís en este caso, a la que se le debía presumir tolerancia y saber estar en materia de transparencia y gobierno abierto. A esta cooperativa política se le reconocen virtudes democráticas en otros lares que en Sueca brillan por su ausencia. A cada uno, lo suyo.
El pacto local conservador de este pueblo, integrado por Compromís y el Grup Independent Sueca, Perelló i Mareny (GISPM), busca una quimera. Tras cuarenta años de la entrada en vigor de la Constitución vigente todavía hay quienes creen que la documentación pública es privada o sólo puede ser utilizada a su antojo. Si no es así, bien que demuestran lo contrario. Su don de la ubicuidad les hace ser el ciclista, el artista, el actor, el escritor, el futbolista, la fallera? y lo que se tercie para salir en la foto de actividades impropias del Consistorio. Y, como en este caso, arrogarse prerrogativas que no les corresponden.
Varios son los actores del documento público en cuestión, sobre el que Compromís-GISPM no han aclarado nada en absoluto. ¿A qué viene tanto misterio? ¿Por qué es más importante para este pacto político conservador «que se haga pública la investigación» que «el contenido propio de lo investigado»? ¿Temen del recto proceder del ministerio fiscal?
Bien hace el ex alcalde Salvador Campillo (GISPM) al afirmar que él tan sólo inauguró obras que se habían proyectado con anterioridad a su mandato (2011-2015). Sobre el papel poco le afecta lo que ahora es materia de indagación. Poca cosa, o nada, según se desprende de la documentación solicitada y, supongo, ya entregada. Pero ello no le vale para «estar libre de pecado». Campillo contrató, en procedimiento público y abierto, con una de las empresas investigadas en el «caso Taula» en el que está imputado el ex presidente de la Diputación (y «amigo», según el ex primer edil), Alfonso Rus. Además, el Interventor municipal advirtió de irregularidades como el fraccionamiento de la obra de remodelación de la Plaça de l'Ajuntament.
Les ha molestado -irritado, más bien- el hecho de que una investigación penal de la Fiscalía haya podido pasar al ámbito de lo público y abierto. Y ello ha sido posible a través de los medios de comunicación. La información es un derecho y deber constitucional que en Ca la Vila de Sueca parece que algunos han olvidado.
Decía el célebre humorista Jaume Perich que «gracias a la libertad de expresión hoy ya es posible decir que un gobernante es un inútil sin que nos pase nada. Al gobernante tampoco».
Bromas aparte, la cuestión es que contratos urbanísticos de Sueca de las tres últimas legislaturas, con tres alcaldes distintos, están bajo investigación de la Fiscalía. Desde el actual gobierno local, devotos de San Silencio Administrativo como pocos, nada han aclarado al respecto.
