El cambio de gobierno autonómico con Ximo Puig y Mónica Oltra a la cabeza, hace dos años, llegó de la mano de un lema que pretendía ser una declaración de intenciones: «Rescatem persones», repetían constantemente. No obstante, esa máxima no se cumple para Virginia Tárrega, una vecina de Alzira que espera desde marzo de 2016 a que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, cuya titular es la propia Oltra, conteste a su solicitud para obtener el grado de discapacidad. El Síndic de Greuges instó, hace un par de meses, a que se respondiera a la mujer, de 71 años y con serios problemas de movilidad. Ayer, ella y su marido, Bernardo Presencia, permanecían todavía expectantes. Su petición sigue sin ser resuelta.
Levante-EMV la situación de su mujer. «Le cuesta mucho moverse, prácticamente no puede salir de casa y necesita ayuda para realizar cualquier actividad cotidiana del día a día», explicó Bernardo: «Únicamente queremos que tenga el grado de discapacidad que le corresponde, no para recibir ayudas», precisó. No obstante, en su petición figuraba que solicitaba el reconocimiento con el objetivo de obtener beneficios fiscales así como el carné que acredita la movilidad reducida. Igualmente, entre sus prioridades se encuentra contar con asistencia personalizada: «También hemos solicitado que venga una persona para poder ayudarla, pero claro, si no responden a una cosa, a la otra tampoco», lamentó.
La solicitud para la valoración del grado de discapacidad de Virginia se cumplimentó el 17 de marzo de 2016 y pasó por el registro de entrada del Ayuntamiento de Alzira el 21, «por lo que se ha excedido con creces el periodo de resolución de seis meses», comentaba en su escrito al Síndic de Greuges.
Precisamente, el Defensor del Pueblo ha solicitado en diversas ocasiones a la conselleria de Oltra el informe relacionado con la vecina alcireña, sin obtener respuesta. El adjunto primero del Síndic, Ángel Luna, recordaba en su último escrito la colaboración que debe haber entre ambas instituciones y que la no emisión de los documentos requeridos «se califica como una actitud entorpecedora de la labor de investigación» de dicha institución.
«No hay derecho a que estas cosas pasen, vivimos en un país tercermundista; ni siquiera pido que nos digan que sí, sólo que respondan porque si no nos notifican nada es como si no existiésemos. En el caso de que contesten que no, ya recurriría lo que hiciera falta», sentenció Bernardo.
