Las dos administraciones locales con potestad sobre el monasterio son Alzira y Carcaixent. Aunque esta última se encargó de cerrar el convento tras el expolio, ni una ni otra están por la labor de llevar a cabo una gran intervención para rescatarlo. Sus presupuestos y sus prioridades están en otras cuestiones, ya que adquirirlo y restaurarlo supondría una inversión demasiado elevada. Sólo una nueva compra privada se dislumbra como solución.
