La Comunidad de Regantes y Sindicato de Riegos de Cullera hizo efectivo a finales de julio el pago de 4,4 millones de euros a la sociedad Best in Spain ASC, SL, como punto final del litigio abierto hace más de una década. Las diferentes instancias judiciales siempre han dado la razón a la empresa y, aunque los agricultores intentaron evitar la fórmula, han acabado por liquidar la imponente cantidad. El pago, que repercutirá en las cuotas que los socios pagan a la comunidad, cierra el proceso con la justicia, por lo que los regantes evitan que se embarguen definitivamente las propiedades colectivas y alejan el peligro de que se pudiese ir también contra sus patrimonios particulares, como así amenazaban los abogados de la empresa. La mercantil (compuesta por varios socios) ha perdonado a los agricultores los intereses y las costas del proceso judicial, con una cantidad que se sitúa por encima de los tres millones de euros, pero recupera la inversión realizada hace años.
La historia del litigio se remonta en el tiempo. El acuerdo de compra-venta se frustró cuando la empresa comenzó a tener problemas financieros. Entonces comprobó que en el Manhattan no aparecían los metros supuestamente comprados. La inmobiliaria dijo sentirse estafada y propuso a la directiva de los regantes que formalizase un préstamo bancario para que le devolviera el importe. Pero el dinero ya había sido invertido en mejorar los sistemas de riego y modernizar instalaciones y medios de transporte. Los regantes se negaron y se cimentó el proceso judicial que llegó hasta el Supremo. Y no pasó al Constitucional porque ya no contaban con fondos.
La solución ha pasado por aceptar aquella propuesta inicial. Los regantes lograron que una entidad bancaria les ofreciese un préstamo para saldar la deuda y a cambio se autoriza un incremento parcial de las cuotas de la comunidad destinadas a la amortización. Cuando se recibió el importe de la empresa se experimentó una bajada del precio por hanegada de nueve euros a cuatro, por lo que durante años los regantes han ahorrado dinero. Ahora se vuelve a las tasas anteriores al litigio.
El conflicto se creó en 2006 cuando la compañía Best in Spain compró a la Comunidad de Regantes de Cullera las 34 hanegadas que se suponía que existían en la acequia de la Bega, con una operación que ascendía a más de 20 millones de euros. La compañía cumplió con el primer plazo del pago, pero después realizó investigaciones para conocer los metros exactos que había en la zona. Según la empresa, había muchas menos hanegadas que las compradas, por lo que paralizó los pagos y la disputa llegó a los tribunales. La sentencia del Tribunal Supremo dio la razón a la mercantil, obligando a los regantes a devolver un importe que no tenían porque ya lo habían gastado.
Los comuneros propusieron la dación en pago de los terrenos porque defendían que este PAI se sitúa en un enclave estratégico y, por tanto, sus propiedades siguen teniendo un alto valor económico pese a la crisis del ladrillo. Finalmente han devuelto los 4 millones.
