El Ayuntamiento de Alzira ha ratificado la multa de 500 euros impuesta a la marcha ciclista organizada por el colectivo la Ribera en Bici-Ecologistes en Acció, al considerar que las infracciones cometidas son motivo de sanción. Por su parte, la agrupación ecologista buscará distintas alternativas para hacer frente a la multa, ya que no cuenta con los fondos necesarios para sufragarla.
«La ley es igual para todos». Es la respuesta que el Ayuntamiento de Alzira ofreció ayer tras conocerse la sanción al grupo ecologista por el cambio de itinerario de la marcha. Pese a que el consistorio se reafirmó en su apuesta por la movilidad sostenible, aseguró que, si se produce una infracción, se tiene que sancionar.
«Este gobierno está a favor de la sostenibilidad. Siempre les hemos atendido y escuchado. Se les ha sancionado como ciudadanos, no como un colectivo en concreto», explicó la concejal de Seguridad y Proyectos Urbanísticos, Sara Garés. La edil mostró su confianza en el trabajo de la Policía Local y afirmó que «si actuaron fue porque tenían suficientes elementos para sancionar al colectivo».
Por su parte, la agrupación ecologista defendió el cambio del itinerario por los casalicios debido a la modificación de la dirección que se había producido en la calle Correos, punto donde estaba programada la salida de la ruta. La policía también relata otras infracciones como rebasar una línea continua o saltarse un semáforo, hecho que el colectivo asegura que es «difícil de controlar» por la cantidad de participantes, por lo que requerían la colaboración de los agentes.
«El peligro son los coches, no nosotros», sentenció ayer el portavoz de la Ribera en Bici-Ecologistes en Acció, Pedro Domínguez. Él mismo negó que el conductor estuviera «ausente» en el momento de expedir la multa, como se argumenta en la sanción.
Falta de soluciones
Tanto el equipo de gobierno como la agrupación ecologista se han reunido en diversas ocasiones para valorar las cinco alegaciones presentadas por el colectivo. No obstante, ninguna de ellas ha sido aceptada por el consistorio. El colectivo mostró su decepción con el actual equipo de gobierno. «Se suponía que el gobierno local había cambiado, ya que ellos también apostaban por la movilidad sostenible», se lamentó Domínguez.
Por otro lado, ante la falta de fondos económicos, el colectivo propuso como alternativa a la multa realizar un trabajo social en beneficio de la comunidad. No obstante, el consistorio alcireño aseguró que tanto ese tipo de sanciones como una posible rebaja del importe de la multa están fuera de la legalidad, por lo que no se contempla otra alternativa. De esta forma, al haber formalizado alegaciones, el colectivo ecologista tendrá que pagar los 500 euros de multa y no podrá beneficiarse de la bonificación del 50 % por pronto pago.
