Los alcaldes de Guadassuar y l'Alcúdia escenificaron esta semana su nueva relación con una comparencia pública en la que se mostraron sensibilidades compartidas y visiones similares. Sobre todo por lo que se refiere a un desarrollo urbanístico que, irremediablemente, les condena a entenderse al compartir «frontera». Sin embargo, el polígono industrial que está previsto desarrollar en la zona conocida como la Garrofera está lejos de dejar de provocar quebraderos de cabeza. Si ya menos para l'Alcúdia, sí en mayor medida para Guadassuar. El plan del anterior ayuntamiento que comandaba José Ribera (Partido Popular) para darle forma al macropolígono industrial de cerca de un millón de metros cuadrados no ha dejado aún de darle problemas al ayuntamiento, a pesar de que se ha desestimado en buena medida y allí (si la conselleria da el visto bueno a nivel medioambiental) tomará forma un parque empresarial casi la mitad de grande y con el objetivo de consolidar a las empresas existentes, lejos de proyectos megalómanos.
Para ello, el nuevo equipo de gobierno que dirige Salvador Montañana anuló un acuerdo del pleno en el que el PP «licitó presuntamente a dedo la ampliación del polígono a la empresa que inicialmente iba a desarrollar el proyecto, denominada Desarrollo Urbanístico Mare Nostrum. La suma ascendía a un millón de euros que ahora la compañía nos reclama. El Consell Jurídic Consultiu nos ha dado la razón y nos dice que el acuerdo está bien anulado pero el asunto ha acabado en la Fiscalía para que depure responsabilidades», argumentó el munícipe guadasuarense. Según el consistorio, José Ribera licitó una segunda fase de ampliación del polígono al agente urbanizador de la primera zona prevista. Eso sin pasar por un concurso a pesar de que la suma ascendía a cerca de un millón de euros. «Según el Consell Jurídic Consultiu no existe ninguna advertencia por parte del secretario anterior, ni pasó por el pleno», argumentó el actual alcalde. La anulación del acuerdo del PP en el que se acordó la licitación a la empresa se acordó por unanimidad, es decir, con los apoyos a favor de los actuales representantes del partido azulón, hoy en la oposición. Los dictámenes del Consell Jurídic Consultiu, en algunos casos, tienen carácter probatorio.
No es el único enfrentamiento que el actual ayuntamiento tiene contra el antiguo agente urbanizador del parque empresarial. La compañía, en su momento, empezó a cobrar cuotas urbanísticas a los propietarios de parcelas en el polígono industrial, a pesar de que no había realizado trabajo alguno de desarrollo de la zona. Un propietario protestó y fue el ayuntamiento el que tuvo que asumir la devolución de todo lo cobrado. La suma, limpia, ascendería a unos 600.000 euros, que el equipo de gobierno de Salvador Montañana reclama ahora a la empresa. El ayuntamiento quiere incautarse la fianza pero la empresa también lo ha recurrido.
