El Ayuntamiento de Carcaixent se podría ver obligado a devolver a los funcionarios alrededor de 800.000 euros en base al carácter retroactivo de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 5 de València, que dictaminó esta semana que la anulación del plus salarial que recibían los trabajadores hasta junio de 2015 se realizó sin respeto a la ley.

Los funcionarios cobraban unos 180 euros al mes cada uno por llegar puntuales a su puesto de trabajo. Si se multiplica por los aproximadamente 150 trabajadores que tiene el ayuntamiento y los cerca de treinta meses en que la anulación ha estado activa, la cantidad ronda los 800.000 euros.

El alcalde de Carcaixent, Paco Salom, dijo desconocer si la sentencia del juzgado tiene carácter retroactivo, incluso si invalida la «anulación» del plus. Sin embargo, el sindicato que llevó a la justicia la decisión del equipo de gobierno, Comisiones Obreras, lo tiene «más que claro». El juez considera que el ayuntamiento no siguió el procedimiento necesario que estipula la legislación vigente.

El gobierno municipal, a través del propio Salom, indicó a Levante-EMV que los servicios jurídicos municipales estudiarán en los próximos días la sentencia y decidirán el recurso o posibles vías alternativas, que podrían pasar por una nueva negociación con los trabajadores para dejar sin efecto el plus de complementariedad salarial en el futuro.

El importe a reingresar en las nóminas de los funcionarios podría suponer un importante golpe a las arcas municipales, aunque el consistorio no descarta un posible acuerdo que pudiese facilitar el entendimiento entre las dos partes.

El ayuntamiento, bajo el mando de Paco Salom, procedió en 2015 (siguiendo el criterio que ya defendió Compromís cuando estaba en la oposición) a dejar sin efecto un complemento de productividad que se cobraba por la puntualidad de los trabajadores en su lugar de empleo, a razón de unos180 euros al mes. El acuerdo al que llegó en su momento el gobierno del PP y los trabajadores explicaba: «Dicha cantidad -en referencia al plus de puntualidad por valor de 180 euros- se mantendrá inicialmente hasta el final de la legislatura o hasta la fecha que determinadas circunstancias obliguen a la modificación de la concesión de los complementos». Dicha legislatura acabó en 2011 pero el complemento salarial continuó activo hasta mediados de 2015. La junta de personal del consistorio protestó enérgicamente tras la anulación del complemento salarial.