Los inversores llevan ya años comprando viviendas baratas por la caída de los precios a raíz de la crisis económica. La Ribera dobla la apuesta ya que en Càrcer pueden comprar, directamente, una urbanización entera. La Sareb ha puesto a la venta la urbanización Aldea Mayor, en la que se proyectaron alrededor de 100 viviendas, por 1.431.900 euros.
La oferta confunde en un principio. Aparece el precio de una casa de 85 metros cuadrados con dos habitaciones y dos baños en un entorno supuestamente urbano y residencial de tipo unifamiliar adosado y con equipamiento asistencial, deportivo y educativo, además de zonas verdes. Así consta en varias páginas especializadas en la venta de pisos. Sin embargo, el precio casi que asusta: cerca de 1,5 millones de euros. Sin embargo, el secreto está en que ese importe es el coste de toda la urbanización entera, una zona de 120.000 euros en la que se proyectaron alrededor de cien viviendas y de las que una treintena están finalizadas, mientras el resto continúa a medias, más aún después de ser desvalijadas en varias ocasiones.
De hecho, el consistorio carcelino considera que las pérdidas por los continuos robos podrían ascender a los 200.000 euros. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocida como «banco malo», se hizo cargo de la gestión de activos transferidos por las cuatro entidades nacionalizadas (BFA - Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco - Banco Gallego y Banco de Valencia) y de otras entidades en proceso de reestructuración o resolución. Cuenta por ello con un importante stock de viviendas que busca vender. Cada uno de los adosados de la urbanización carcelina está a la venta ahora por 50.000 euros.
El ayuntamiento hace ya tiempo que perdió la esperanza en que la urbanización tome forma. La crisis económica paralizó innumerables promociones y parece lejana la inversión en una zona interior en la que lo usual es que las poblaciones pierdan habitantes cada año por la mortalidad y la emigración de los jóvenes. En la urbanización estaba previsto construir más de cien viviendas. Para ello, se habilitó una amplia zona de 120.000 metros cuadrados y se empezó a dar forma a una cuarentena. Unas pocas se concluyeron, aunque con la crisis el resto quedaron a medias y con el tiempo han sido saqueadas. Siete decenas quedaron parcialmente construidas, así como también las calles, las canalizaciones de agua potable o los cableados eléctricos.
Los técnicos del ayuntamiento calcularon al principio de la actual legislatura que los saqueos habían provocado daños por valor de 200.000 euros. Al principio se estableció seguridad privada para controlar la entrada a la urbanización pero la falta de perspectivas de que vuelva a reactivarse ha disminuido la vigilancia. En la actualidad, el ayuntamiento cree que, dado que las parcelas son privadas, la seguridad debe ser establecida por los propietarios, ya que, de lo contrario, el consistorio se ve obligado a prestar servicios por una urbanización que no disfruta nadie.
Hace unas semanas el consistorio logró incautarse prácticamente diez años después de una fianza de 87.000 euros que la empresa constructora de la urbanización estableció por una ampliación del proyecto, antes, por supuesto, de que todo el plan urbanístico se viniese abajo.
