El Tribunal Superior de Justicia ha admitido a trámite el recurso de una empresa del polígono industrial Carretera de Albalat de Alzira contra el proyecto de ampliación del primer tramo de la travesía de la CV-505, ya adjudicado por la diputación por algo más de un millón de euros. La empresa, una conocida firma del sector del transporte, cuestiona tanto la legalidad de la ocupación de terrenos como el proyecto, que plantea ampliar a 20 metros la anchura de la travesía, a la que se incorporará un carril-bici y aceras, lo que obliga a desplazar las vallas y muros perimetrales de algunas empresas. La diputación está a la espera de que el ayuntamiento le facilite la «totalidad» del suelo para iniciar las obras tras un acta inicial de replanteo desfavorable, según indicaron fuentes de la corporación provincial. La concejal de Proyectos Urbanísticos, Sara Garés, comentó ayer que, en base a las expectativas de la dirección de obra, éstas podrían comenzar en «una semana o diez días».
El líder local de Som Valencians, Eliseo Candela, aprovechó el último pleno para pedir al tripartito que reconsiderara este proyecto tras alertar de que el contencioso había sido admitido a trámite. «Se trata de una inversión de 1,2 millones que es inoperante y estamos a tiempo de parar porque nos puede costar prestigio político y también dinero», comentó Candela.
No es la primera vez que Candela realizaba esta petición en el pleno. El alcalde de Alzira, Diego Gómez, respondió que se trata de un proyecto «heredado» en una carretera propiedad de la diputación y que es ésta la que decide esta actuación. «Hemos hablado con el empresario e intentado negociar, pero ha presentado el contencioso. Nosotros contestaremos y esperaremos qué decide el juzgado. No podemos hacer otra cosa», dijo.
Candela lamentó que no se hubiera consultado a la asociación empresarial antes de decidir esta inversión y emplazó a PP y Ciudadanos a pronunciarse, ya que cuentan con diputados provinciales.
Sara Garés, por su parte, defendió que se trata de una obra que beneficia al interés general y señaló que la gran mayoría de empresas han firmado la ocupación de terrenos. La edil señaló que, en principio, el recurso no paraliza las obras.
El recurso de la empresa cuestiona la legalidad de la ocupación de terrenos y argumenta para ello que el PGOU que sirve de base a esta planificación urbanística, el de 1985, fue anulado por no publicarse en su momento las normas subsidiarias. Desde esta perspectiva se expone que los instrumentos que desarrollan una planificación son nulos si ésta lo es y consideran que la convalidación que en el año 2008 realizó el ayuntamiento para salvar este escollo no es efectiva.
Desde la diputación, con todo, incidieron que las obras sólo podrán empezar cuando el ayuntamiento garantice la disponibilidad de todos los terrenos que se tienen que ocupar. Este primer tramo abarca 575 metros hasta la rotonda de la antigua discoteca La Guitarra.
