El sector agrícola no pasa por su mejor momento. Dos factores se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para uno de los principales motores económicos de la comarca y de Alzira: la caída de los precios en la fruta y el robo en los campos. Ante este segundo problema, los agricultores de la localidad se plantean contratar servicios de seguridad privada para aumentar la vigilancia en las partidas rurales del término municipal y frenar los robos. Además, colaborarán de manera activa con la policía.
La propuesta surgió en una reunión de destacados miembros del sector agrario local, que contó con la presencia de representantes de la comisaría de Alzira y de la Policía Autonómica, al margen del ayuntamiento, con el que el sector mantiene claras discrepancias. El vicepresidente segundo de AVA, Bernardo Ferrer, explicó que «se está estudiando las vías legales y los costes» para implantar un servicio de seguridad privada que vigile los campos. «Está claro que no estamos en la misma situación que un polígono industrial o una urbanización, pero el sector se siente ninguneado y el tema de seguridad deja mucho que desear. Simplemente queremos que se reduzca la delincuencia», señaló Ferrer, que añadió: «Somos conscientes de que supondría un sobrecoste, pero sería eficaz ya que hablamos del pan de muchísima gente».
El concejal del PP y agricultor Enrique Montalvá también se manifestó en la misma línea: «Hablamos de un sector en el que ya no queda nada. Te tiras todo un año trabajando y, al final, el precio muchas veces no te compensa o llegas incluso a encontrarte en una situación en la que te roban. Después los seguros no te cubren nada y es una sensación de impotencia que solo conoce aquel la sufre. La agricultura necesita protección», expresó.
Tras reunirse con representantes de las fuerzas de la seguridad rural, tanto agricultores como policías mostraron su intención de estrechar la comunicación y el diálogo. De hecho, los representantes de la policía lamentaron la falta de información en esta materia y pidieron por ello la ayuda directa de los agricultores.
Entre los acuerdos suscritos cabe destacar la puesta en marcha de un teléfono directo, así como posibles redes sociales en el futuro, mediante el cual los agricultores podrán informar directamente a la policía sobre incidencias en el medio rural. Este número de teléfono se difundirá, por parte del colectivo agrario, a través de carteles colgados a lo largo del término municipal. Además, las entidades agrarias se encargarán de recoger las denuncias de los afectados a fin de trasladarlas a los agentes de seguridad, quienes estarán así en mejor disposición para hacer un seguimiento de las denuncias más ajustado a la realidad.
Otra iniciativa que el sector pondrá en marcha para mejorar la comunicación con la policía es la realización y la permanente actualización de un mapa de cultivos que indique las zonas del término donde se concentra la recolección de cosechas en cada época del año.
Tanto los representantes agrarios como policiales coincidieron en la necesidad de incrementar el uso de la Guía Conduce para un mejor control de la mercancía que circula por los caminos.
