El repentino aumento de sustancias pesticidas en la depuradora que trata las aguas residuales de Alzira, Carcaixent, la Pobla y Villanueva de Castellón ha encendido todas las alarmas e intensificado los controles. La situación, pese a no suponer un riesgo para la población, ha puesto en marcha una investigación que tiene como objetivo localizar qué empresa, presumiblemente del sector cítrico, ha realizado un vertido que sobrepasa los niveles de pesticidas que están permitidos.
«En estos momentos, tratamos de averiguar por qué se ha producido un aumento de unas sustancias que parecen ser algún tipo de pesticida. Se ha registrado un pico, una anomalía que se sale de lo que vendría a ser habitual y nuestro objetivo es detectar su origen», explicó a este diario Vicent Furió, presidente de la comunidad de usuarios de la depuradora.
Según afirmó Furió, se ha iniciado un proceso de investigación y de análisis en diversas localidades de la comarca: «Ya estamos haciendo controles a varias empresas, principalmente almacenes y compañías enmarcadas dentro del sector citrícola, porque sospechamos que es ahí donde podría estar el origen. De este modo, podremos saber de manera más segura qué tipo de vertido se ha producido y cuáles son las sustancias que lo componen. Nuestra principal prioridad ahora mismo es identificar al autor», aseguró Furió.
«El incremento de sustancias que pueden venir de pesticidas supone siempre una alerta», adujo Furió, que añadió: «La depuradora suele trabajar con ciertos niveles, pero si se produce un pico tenemos que identificar de dónde procede. En esta ocasión, afortunadamente, no se ha sobrepasado el nivel máximo. Al no alcanzar dicho límite, la población puede estar tranquila porque no supone peligro alguno para la salud pública», subrayó el presidente de la comunidad de usuarios de la depuradora.
Sanciones
Descartado el efecto negativo para la población, por tanto, una de las principales consecuencias de dicho vertido tiene que ver con el propio funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales. «Cuando se produce un pico de este tipo, lo que sucede es que a la depuradora le cuesta mucho más hacer su trabajo. Esto se traduce, a su vez, en que el agua que se obtiene del proceso de depuración sea de menor calidad», destacó.
Cuando concluya el proceso, se realizarán unos estudios en base a los niveles de pesticidas obtenidos en las empresas agrícolas investigadas con el objetivo de identificar a la culpable del vertido. «Nuestra intención última es tomar las medidas necesarias para evitar que este tipo de situaciones se repitan de nuevo. Cada municipio tiene unas ordenanzas muy concretas que especifican qué tipo de vertidos se pueden realizar y en qué condiciones. Por tanto, cuando detectemos quién es el responsable de este pico, nuestro objetivo es obligarle a que cumpla con las medidas establecidas. De no hacerlo, puede acarrearle una importante sanción», indicó Furió.
