El Ayuntamiento de l'Alcúdia aprobó en el último pleno, con el voto unánime de todos los grupos políticos, una resolución por la que se acuerda utilizar todos los recursos a su alcance para que la antena de telefonía instalada en la avenida Antonio Almela «sin autorización del ayuntamiento», inciden desde el propio consistorio, deje de emitir y sea retirada. La instalación de repetidor provocó una queja vecinal, como ya informó Levante-EMV el pasado mes de diciembre.
La lucha del ayuntamiento contra la presencia de antenas de telefonía móvil en zonas residenciales se remonta a la pasada legislatura, ya que en el año 2012 ya se aprobó una ordenanza que regulaba la distancia mínima a la que debían situarse estos equipos de las zonas residenciales en genral y de la población considerada sensible -centros educativos, centros sanitarios o residencias de ancianos, entre otras infrestructuras-, en particular.
Fuentes municipales recordaron que esa ordenanza fue recurrida por las compañías de telefonía móvil y finalmente fue derogada cuando, en mayo de 2014, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley General de Telecomunicaciones, que introdujo un cambio fundamental en la legislación relativa a estas antenas de telefonía móvil. El gobierno de l'Alcúdia denuncia que esta ley deja a los ciudadanos desamparados y suprime cualquier competencia de los ayuntamientos en esta materia, «al tiempo que deja en una situación muy difícil la norma urbanística del PGOU de l'Alcúdia de 2002, que establece que no se pueden instalar antenas de telefonía móvil a cien metros de zonas residenciales».
Expediente urbanístito
El ayuntamiento explica en un comunicado difundido ayer que, al amparo de esta nueva legislación, una compañía instaló recientemente en la avenida Antonio Almela una antena «con la simple presentación de una declaración responsable de obra y sin ninguna solicitud para realizar esta actividad o actividad ambiental».
El consistorio relata que ha denegado la autorización para la instalación de esta antena y ha abierto un expediente para la restauración de la legalidad urbanística, sin que la compañía, que ha ha presentado alegaciones para rebatir el mismo, haya atendido el requerimiento municipal.
La moción aprobada en el último pleno del Ayuntamiento de l'Alcúdia por unanimidad insta al Gobierno central y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a que promuevan una modificación de la Ley General de Telecomunicaciones de 2014 de forma que permita a los ayuntamientos participar en el proceso de instalación de este tipo de antes, «para garantizar de esta forma mecanismos de defensa de la ciudadanía ante las compañías de telefonía».
Por último, el Ayuntamiento de l'Alcúdia requerirá al Ministerio de Energía para que, de acuerdo con la legislación en materia de telecomunicaciones, emita un informe preceptivo de forma previa para ordenar el cierre cautelar de esta antena.
