El ya conocido como «catastrazo» de Alzira sigue trayendo cola.
El ayuntamiento ha querido abrir un espacio de interacción con los vecinos ante el gran revuelo vivido en la ciudad desde que se empezaron a remitir las notificaciones. El airado malestar ocasionado entre los contribuyentes de Alzira por la regularización catastral provocó a finales de año un frenazo en seco. Su aplicación fue paralizada y aunque no se anuló, se aceptó que se permita pagar a los vecinos de manera fraccionada.
Tras la última actualización, el ayuntamiento había iniciado un masivo envío de cartas de pago a aproximadamente tres mil ciudadanos y unidades familiares que no han declarado al fisco alguna construcción, reforma o ampliación inmobiliaria. Las notificaciones tiran con fuerza al alza del IBI y obligan a pagar con carácter retroactivo las diferencias acumuladas en los últimos cuatro años. La suma resultante supera en muchos casos los mil euros.
El PP, que ordenó la actualización durante la última legislatura, aprovechó el último pleno municipal del año 2017 para tender su mano al tripartito y buscar una solución conjunta. El exconcejal de Hacienda, Enrique Lahuerta, propuso paralizar el proceso y su sustituto, Albert Furió (Compromís), aceptó el ofrecimiento, al que luego se sumó Ciudadanos. La causa queda suspendida hasta que se encuentren nuevos métodos para que las familias puedan abonar el dinero que se les exige.
De pagar no se librará nadie, dado que el ayuntamiento actúa como mero gestor de un impuesto estatal, aunque se minorarán los efectos al permitir que se abone a plazos.
Legislatura anterior
Enrique Lahuerta reconoció que fue el PP quien inició el proceso de regularización catastral, pero aseguró que su decisión se produjo por imperativo legal, al obligarles a actualizarlo el Ministerio de Hacienda. La liquidación del cobro del IBI de los últimos cuatro años nada tiene que ver con la tasa de 60 euros que Hacienda cobra a los afectados.
