Han pasado unos quince años desde que la habitual venta de parcelas y chalés sin legalizar en Montroi se transformó en uno de los casos de corrupción urbanística más sonados de la comarca. El comienzo del juicio el pasado lunes con dieciséis personas implicadas -todas ellas se declararon culpables de los delitos que les imputaba la Fiscalía- supone un capítulo más de una estafa que afectó a cerca de doscientas personas, en su mayoría jubilados extranjeros. Las consecuencias son todavía visibles en la urbanización: algunas viviendas están abandonadas, han llegado nuevos propietarios que consiguieron las suyas a precios muy bajos y es más que patente la falta de alcantarillado, pavimentación o suministro de agua y luz.
