Nuevo giro en el caso por corrupción urbanística de Montroi. Se atisbaba ya la luz al final del túnel tras publicarse la sentencia que condenaba al exalcalde Francisco Javier Carrión y al constructor Guillermo Alba a pagar, al menos, 1.418.358 euros de indemnizaciones a una parte de los afectados por la estafa. Sin embargo, la Audiencia Provincial de València suspendió ayer el plazo para que los implicados presenten un posible recurso tras recibir más de una decena de peticiones de aclaración del fallo jufdicial.
La sentencia se dio a conocer el pasado jueves y ayer la Audiencia se vio obligada a frenar el que habría sido el curso habitual del proceso. Según ha podido saber Levante-EMV, catorce abogados han presentado durante estos días otras tantas peticiones para que se aclaren algunos aspectos que, a su juicio, no quedan explicados con claridad suficiente o inducen a confusión. Entre ellos, figuran el propio Ayuntamiento de Montroi y dos compañías aseguradoras, además de algunos de los condenados. El pago de las indemnizaciones es una de las cuestiones que se pide aclarar, sobre todo a la hora de tener en cuenta una correcta cuantificación así como la identificación de los afectados. De igual manera, algunos de los condenados, que aceptaron sus respectivas penas antes incluso de que se iniciara el juicio para evitar el ingreso en prisión, han solicitado a la justicia que aclare algunos apartados en los que se les menciona porque no entienden la redacción de la sentencia.
De ese modo, tocará esperar a que se resuelvan estas peticiones de aclaración para continuar el proceso. En el momento en que los catorce solicitantes reciban explicaciones sobre aquellos aspectos que les generan dudas, entrarán en juego dos factores. Por un lado, aquellas partes que lo consideren oportuno podrán recurrir la sentencia. Por otro, cuando ésta entre en fase de ejecución se podrán fijar las indemnizaciones que el fallo no concretaba.
Delitos
Cabe recordar que según se refleja en el fallo, el constructor Guillermo Alba es culpable de un delito continuado de estafa y de otro contra la ordenación del territorio, por lo que se le impone una condena de dos años de prisión. Por su parte, la justicia considera a Javier Carrión cooperador necesario de un delito continuado de estafa y fija su pena en un año y diez meses de prisión. Junto a ellos figuran otras catorce personas con delitos similares, entre los que se incluyen también delitos falsedad en documento público.
