n Justicia confirma que el partido de Juan Albert falsificó firmas para legalizar su lista electoral en Carcaixent. La denuncia presentada por una vecina tras aparecer su nombre y DNI sin haberlo autorizado en la relación de personas que habrían avalado la candidatura de la agrupación Gent de Carcaixent inició una investigación que ha corroborado el delito de falsedad en documento oficial.
La peor parte se la ha llevado la exconcejala del PP, María Carmen Martínez, que ayudó a Albert a recoger firmas, y según la sentencia, aprovechando que tenía en su poder una copia del Documento Nacional de Identidad de la afectada, sin su consentimiento, utilizó sus datos y los incorporó a un listado donde se procedía a respaldar el partido independiente que pretendía presentarse a las elecciones del 24 de mayo de 2015. Tras ello, lo entregó a los representantes de Gent de Carcaixent, quienes lo remitieron al ayuntamiento a fin de que, en aplicación de las normas electorales, el secretario procediera a comprobar su autenticidad. De las 529 presentadas, más de veinte fueron rechazadas, y entre las aceptadas, está la de la denunciante, que fue estampada sin su aprobación.
En un primer momento, la que fuera edil de los populares negó que hubiera incluido los datos de la denunciante, que prefiere mantenerse en el anonimato. No obstante, en una segunda declaración señaló que sí había firmado por ella después de recibir su consentimiento a través de una llamada telefónica y un posterior mensaje móvil. Una versión totalmente contrapuesta con la de la vecina perjudicada, que afirmó no tener relación con María Carmen Martínez, quien no tenía autorización, y que su querella iba contra el partido Gent de Carcaixent, pidiendo la nulidad de la agrupación encabezada por Juan Albert. El agente de la Guardia Civil, instructor de las diligencias, ratificó que se les había remitido un listado por el ayuntamiento y observaron en las firmas de aval de la candidatura a un total de siete personas distintas con la misma caligrafía y rúbricas, por lo que se les tomó declaración y solo una procedió a denunciar la situación.
Ahora, el juez ha condenado a María Carmen Martínez como autora de un delito de falsedad documental oficial a la pena de prisión de siete meses con la accesoria inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y una multa de siete meses con cuota diaria de seis euros con responsabilidad personal subsidiaria de una día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas; así como al pago de todas las costas causadas en el presente procedimiento, incluidas las de la acusación particular.
Fuera de plazo
Gent de Carcaixent formaba parte como partido político del registro del Ministerio del Interior, pero finalmente tuvo que presentarse a las votaciones como agrupación de electores porque no cumplió los trámites necesarios en tiempo y forma. A última hora, Albert se vio forzado a presentar al menos 500 firmas para que la Junta Electoral validara su candidatura. De hecho, su lista fue la última de las ocho que concurrieron a las elecciones de Carcaixent.
En un primer momento, el que fuera el teniente de alcalde del gobierno de Lola Botella negó los hechos y testificó que no se había cometido ninguna ilegalidad. Asimismo, atribuyó lo sucedido a una estrategia de la oposición para tratar de relegarlo a un segundo plano.
Al final, tras una investigación que se inició por la denuncia de una vecina, se ha podido comprobar que entre los avales para poder cumplir con las más de 500 firmas que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General reclama en las ciudades que tienen entre 10.001 y 50.000 habitantes, había rúbricas falsificadas que administrativamente fueron avaladas por el secretario municipal.
