Los promotores inmobiliarios vuelven a sentir interés por urbanizar el denominado Manhattan de Cullera, una amplia extensión de terreno situada junta a la desembocadura del Xúquer. La reactivación del mercado de la vivienda y el vigor que exhibe el sector turístico relanzan el optimismo de los constructores, aunque también el temor de que expiren los cinco años fijados por el Consell para desarrollar un proyecto que evite reconvertir en rústicos esos codiciados terrenos. El ayuntamiento renunciará formalmente en unas semanas a ser el agente urbanizador, tarea que asumirá la iniciativa privada, aunque redoblará sus exigencias: el gobierno local reclamará que los propietarios de los solares costeen el puerto deportivo que debía financiar la Generalitat. También les pedirá que mantengan el aparcamiento previsto de 1.500 plazas y que aumenten las plazas hoteleras.

Un proyecto muy apetecible

El terreno edificable es un bocado más que suculento para los constructores. El ayuntamiento local, entonces en manos del PP, asumió en 2004 el encargo de convertirse en agente urbanizador cuando la burbuja inmobiliaria no hacía más que inflarse desde despachos oficiales y entre los agentes menos escrupulosos de la economía especulativa. El acuerdo entre el consistorio y la Generalitat fue ratificado en 2004, cuando el hoy encarcelado ex conseller Rafael Blasco dirigía la política territorial de un Consell empeñado en sacarle lustre a los macroproyectos urbanísticos. En cambio, los actuales gobiernos municipal y autonómico, controlados por el PSPV y Compromís, desean desvincularse de la operación, no porque traten de impedirla sino para no tener que asumir la carga económica y política de desarrollarlo desde las instituciones.

En un par de meses, a lo sumo, el ayuntamiento habrá anulado su pacto con el antiguo Ivssa (hoy EIGE) y podrá negociar las condiciones exigibles al nuevo agente urbanizador, al que obligará a asumir los casi 1'9 millones de euros que costó la redacción de los proyectos técnicos y al que, según confirmó ayer el alcalde, Jordi Mayor, reclamará que edifique el puerto deportivo o se alíe con un operador que pueda construirlo y gestionarlo. También le pedirá que aumenten las plazas hoteleras previstas y que incluya el aparcamiento de 1.500 plazas contemplado en el proyecto.

Reducir los 90 millones

Esas exigencias chocarán con la voluntad de los dueños de los terrenos de recortar los 90 millones del presupuesto inicial de las obras. Lucharán por rebajar costes. El dueño de la mayor superficie en la Bega, el empresario Andrés Ballester -impulsor de la existosa fórmula de apartamentos Florazar en Cullera- ya ha anunciado que está dispuesto a liderar una asociación de propietarios que se se convierta en agente urbanizador. No es el único. Jordi Mayor, admitió ayer que en los últimos meses el ayuntamiento ha recibido la visita de otros intermediarios. «Es verdad que existe interés, pero quien quiera asumir esa tarea deberá aceptar las directrices que marque el ayuntamiento», avisó ayer el alcalde.