Una de las principales preocupaciones de los sindicatos de la comarca de cara al próximo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, es el incremento de los accidentes laborales en las empresas. UGT y CC OO alertaron ayer de la falta de inversión en estrategias de prevención en los lugares de trabajo. Por ese motivo llamaron a las movilizaciones programadas dicha jornada, pero también a tener presente estas reivindicaciones el sábado, 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
El secretario intercomarcal de UGT, Raül Roselló, puso de manifiesto el aumento de la siniestralidad en la comarca. «Considerando que el índice de incidencia de accidentes laborales se ha situado en 2017 en 3.066,46 (con un incremento del 6,9 % respecto al año anterior), se estima que el número de accidentes laborales se situaría en la Ribera en aproximadamente en 3.683 por año. El número de accidentes graves, con un índice de incidencia de 21,72 (incremento del 5,6 % de accidentes), se situaría en una estimación de 26».
Las pensiones y los bajos salarios también estuvieron presentes entre las reivindicaciones sindicales. Josep Antoni Carrascosa, secretario comarcal de CC OO, hizo hincapié en el crecimiento de la economía en los últimos años y cómo éste no se veía reflejado en mejoras salariales. «El crecimiento del PIB no significa empleo de calidad», comentó al respecto. Sobre las retribuciones que reciben los jubilados, recordó que los sindicatos tienen el compromiso «de luchar para derogar esa injusta reforma y para conseguir una renovación del Pacto de Toledo que asegure el sistema de pensiones en nuestro país». Además, señaló que un jubilado de la comarca recibe una prestación un 9 % inferior a la de la media estatal.
Brechas de género
La preocupación de los sindicatos también es extensible a otros grupos sociales, cuyas condiciones distan de ser idóneas: «Las brechas de género y las violencias machistas continúan golpeando a las mujeres. Las mujeres dejaron de percibir, por un trabajo igual o de igual valor, casi 6.000 euros al año.El Gobierno no se preocupa por los jóvenes, los está enviando al exilio o a la exclusión social y laboral impidiéndoles crear un proyecto de vida digno».
