Varios clubes de colombicultura y una particular han presentado cinco denuncias a la Guardia Civil por las molestias que genera el campo de tiro de Alginet. Las reclamaciones van acompañadas de un informe técnico que subraya presuntas irregularidades en las instalaciones, que «incumplen las exigencias más importantes y más graves para poder dar conformidad a esta actividad». Como precedente, los aficionados a los palomos deportivos recuerdan el caso de Picassent,caso de Picassent, donde las denuncias presentadas obligaron al ayuntamiento a clausurar el campo de tiro tras comprobar sus deficiencias.
Entre los vecinos que viven cerca del campo de tiro de Alginet, ubicado en la partida El Portell, el malestar es más que evidente. En primer lugar, porque la práctica cinegética pasó de ser esporádica a convertirse en una actividad que se realiza casi todos los fines de semana. Las molestias provocaron una primera denuncia por parte de una de las residentes en la zona. El temor a salir de casa es uno de sus principales problemas, ya que hay marcas de balines en la vivienda, pichones muertos tanto en tejados como en los patios y jardines y son numerosos los proyectiles que acaban en su propiedad, según denuncia.
A ésta se suman las quejas de cuatro colectivos de colombicultura, concretamente los de Alfarp, Llombai, Catadau y Picassent, presentadas de manera individual ante la Guardia Civil recientemente. Alegan verse afectados por la práctica del tiro al pichón, que no les deja practicar su afición de entrenar y volar palomos deportivos. El principal problema reside en las aves que no son abatidas, ya que confunden a los animales de los clubes, que terminan perdidos y, eventualmente, muertos, bien por falta de alimento o bien tras ser devorados por depredadores.
Para sustentar las denuncias, los colombicultores han solicitado un informe a un arquitecto técnico que pone de manifiesto la existencia de irregularidades urbanísticas. El documento señala que la denominada zona de seguridad no cumple la normativa vigente, ya que debería respetar un sector circular de 45 grados a ambos lados del tirador y 200 metros de radio. En ese sentido, el experto apunta que tanto la zona de caída de pichones como la de plomos sobresale del vallado existente «y tampoco se han colocado vallas móviles ni señalización exigida, por lo que cualquier persona puede transitar a pie por dicha zona de peligro». De hecho, existen líneas eléctricas, fincas, caminos y carreteras dentro de dicha zona de seguridad sin que se corten o protejan, según refleja el estudio.
Negociaciones abiertas
La normativa también recoge que en caso de «no ser los terrenos de la zona de seguridad propiedad de la sociedad de tiro al plato deberá obtenerse el consentimiento escrito de los propietarios de las fincas incluidas en dicha zona, autorizando la caída de pichones, platos y plomos durante las tiradas». El estudio cifra en 25 las fincas catastrales cuyos propietarios deberían haber autorizado la actividad; si bien se reconoce que se desconoce ese dato, es un hecho a tener en cuenta que una de ellas ha presentado una denuncia contra la actividad.
Y si los afectados buscan respuestas en el ayuntamiento, el alcalde, José Vicente Alemany, se mostró cauto y conciliador al ser preguntado por esta problemática: «Hay que tener en cuenta que el campo de tiro lleva allí toda la vida y las viviendas se construyeron posteriormente. Antes, al haber replazas, los pichones no se escapaban, por lo que se evitaba el problema de los aficionados a la cría de aves. También hay que recordar que es algo tradicional e incluso festivo para el pueblo. No obstante, nuestra posición es la de llegar a acuerdos con todos los implicados. Todo el mundo tiene derecho de ejercer libremente sus aficiones del mismo modo que de recurrir a la Justicia, pero el ayuntamiento no tiene potestad al tratarse de un campo privado».
