El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Valencia ha anulado la orden verbal dada por el alcalde de Ròtova, el popular Antonio García, mediante la que prohibía filmar los plenos corporativos, como reiteradamente había solicitado el portavoz del grupo de Compromís, Jordi Puig.
En una sentencia que se esperaba que fuera en ese sentido, el juez cita numerosa jurisprudencia existente en España sobre el derecho que tienen todos los ciudadanos a conocer y a transmitir, por cualquier medio, los asuntos políticos, y, obviamente, un pleno municipal lo es.
La sentencia dada a conocer ayer señala que el alcalde vulneró derechos reconocidos en la Constitución Española y que no puede prohibir que se filmen y difundan los plenos salvo que, por causas justificadas y previa argumentación, en algún momento ese derecho quede limitado.
La resolución judicial indica que no solo los periodistas tienen derecho a obtener información, grabaciones y filmaciones de los plenos, sino que cualquier ciudadano está legitimado para difundir los debates del que es el máximo órgano de decisión en un ayuntamiento. No ocurre lo mismo con otros órganos municipales, como la Junta de Gobierno, cuyas reuniones no son públicas.
El origen de la sentencia es la negativa del alcalde a la petición realizada por Jordi Puig el 3 de marzo pasado, cuando puso en conocimiento de Antonio García que iba a filmar ese pleno y los siguientes, salvo que se dieran circunstancias especiales que limitaran legalmente ese derecho.
Contra la prohibición se presentó un recurso contencioso administrativo y la Fiscalía se puso del lado del concejal de Compromís, solicitando al juez que la sentencia anulara la prohibición del alcalde.
Puig dijo ayer que su grupo está satisfecho con la sentencia. «Como decíamos, los derechos fundamentales de las personas no pueden anularse por la mayoría de un pleno», dijo el concejal, quien y lamentó que se haya tenido que llegar a la vía judicial para dejar claro que las deliberaciones, debates y votaciones de un pleno pleno pueden ser filmadas y difundidas libremente.
En los primeros años del actual régimen democrático hubo algunos problemas a la hora de tomar fotografías o grabaciones sonoras de los plenos, especialmente en los municipios pequeños.
Con el paso del tiempo esa situación se fue normalizando y, cumpliendo con la Constitución y las leyes, hoy son muchos los municipios que graban los plenos, tanto en audio como en imágenes, para su difusión pública.
