Los trabajadores de Finsa (la antigua Faus Group), han demostrado estar dispuestos a remover cielo y tierra para evitar que en unos días el concurso de acreedores contra esta empresa concluya con la subasta pública de todas sus instalaciones para pagar a los bancos acreedores y, lo que es peor, la destrucción de unos 200 puestos de trabajo que aún están activos.
La clave del proceso es que los tres bancos acreedores no han aceptado ninguna de las tres propuestas de otras tantas empresas para quedarse con las instalaciones y mantener una parte de la actual plantilla, dado que, como máximo, están dispuestas a ofrecer un 25 % de la deuda de 40 millones de euros que está pendiente.
Por ese motivo, el Comité de Empresa ya se reunió la semana pasada con los alcaldes de Gandia y el Real de Gandia, Arturo Torró y Vanessa Martínez, respectivamente, para solicitarles ayuda y mediación.
Ahora se han dirigido a la Generalitat, que tiene competencias en materia de trabajo, con la misma finalidad. El presidente del Comité de Empresa, Josep Albors, está citado para hoy con el director general de Trabajo, Felipe Codina, a quien pedirá que actúe para que los bancos acepten alguna de las propuestas y permitan que Finsa pueda seguir su actividad a manos de otra empresa.
La alternativa a esa posibilidad es el caos. Si las entidades bancarias insisten en no aceptar las ofertas y asumen que tendrán que dejar escapar una parte importante de la deuda, todas las propiedades de Finsa en Gandia saldrían a pública subasta.
Lo lamentable es que ni así se garantiza que se vaya a obtener la totalidad del dinero que Finsa adeuda a los bancos. Si eso ocurre, los bancos habrán perdido y 200 trabajadores estarán en la calle.
