Nuevo tirón de orejas al alcalde de Gandia, Arturo Torró. La Junta Electoral de Zona (JEZ) le obligó ayer a suspender la firma del convenio con la asociación Tir i Caça, programada para mañana, y la reunión que tenía previsto mantener hoy con comerciantes y vecinos del distrito de Roís de Corella para explicarles el proyecto ganador del concurso de ideas para el edificio del viejo hospital.
La resolución del juez, a la que ha tenido acceso este periódico, es clara al señalar que dichos eventos «tienen por objeto difundir resultados obtenidos» durante la legislatura, por lo que supone un acto de «marcado carácter electoralista a favor de la formación política actualmente en el Gobierno del Ayuntamiento de Gandia» y que contraviene el artículo 50 de la Ley Electoral.
La JEZ responde así al recurso presentado por el PSPV-PSOE de Gandia, del que se hizo eco ayer este periódico, en el que también se denunciaba que el alcalde, pese a estar en periodo de precampaña, no ha parado de realizar visitas a obras en marcha como el Centre Social de Kentucky o el auditorio de la plaza Baladre, entre otros.
La Junta Electoral, sin embargo, no entra a valorar esas visitas, puesto que son actos que ya se han llevado a cabo y señala que si hay algún tipo de consideración para futuras actuaciones de este tipo deben denunciarse de forma particular y se estudiará caso a caso dependiendo de la naturaliza de cada una de ellas.
Este es el segundo varapalo que recibe el alcalde, Arturo Torró, del PP, después de que la pasada semana le obligarán a retirar los carteles instalados en la oficina de movilidad en los que anunciaban grandes proyectos presentados a final de la legislatura.
La junta no ha tenido en cuenta las alegaciones del alcalde que, entre otros aspectos, argumentaba que la visita al centro social de Kentucky tenía por objeto «elegir el tipo de barandilla que se va a instalar» y por lo que respecta al auditorio de la plaza Baladre «escoger el suelo». Incluso llega a decir, en el caso del aparcamiento anunciado en el solar junto al Ausiàs March, que se trata de un proyecto que «no se sabe si se realizará hasta que no se estudie si es viable».
La resolución advierte, además, que en esta caso no impone sanción económica, pero que podría hacerlo en un futuro si el Ayuntamiento de Gandia no cumple con el requerimiento.
El alcalde de Gandia, pese a que desde el pasado 31 de marzo la Ley Electoral lo impide, no ha parado de visitar obras ni de publicitar las firmas de los convenios que en las últimas semanas ha llevado a cabo con distintas entidades de la ciudad, como ya publicado este periódico.
La Junta Electoral también suspendió hace unos días la presentación de un acuerdo entre la Universitat Politècnica de València y el Ayuntamiento de Villalonga al considerarlo electoralista.
