El embargo decretado por un juez de Gandia en diciembre de 2014 a la empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG) afectaba «a todas sus cuentas en España», según reveló ayer el grupo socialista, que ha podido tener acceso a la documentación judicial sobre esta causa.
El bloqueo de dinero a IPG se produjo por no haber devuelto un crédito a Bankia de 570.000 euros, razón por la que esta entidad financiera presentó una denuncia A esa cifra se tienen que unir otros 170.000 euros en intereses, elevando el total a 740.000 euros. A raíz de la demanda, el juez embargó las trece cuentas en ocho bancos distintos que tenía la entidad, de manera que todo céntimo que entrara debía satisfacer el retorno del crédito.
Todo arranca por la orden dada por el alcalde de Gandia, Arturo Torró, de no devolver créditos bancarios, lo que ha supuesto un aluvión de denuncias de esas entidades para intentar recaudar el dinero que les corresponde
Al mismo tiempo, el juez de primera instancia del juzgado número 5 de Gandia ha ordenado una «averiguación patrimonial» de la empresa pública para obtener más rápidamente el dinero. «Se trata de una ejecución de diciembre de 2014 contra la que no cabía recurso y de la que nos hemos enterado hoy mismo por la opacidad con la que el Gobierno local del PP maneja las cuentas de la empresa pública», indicó ayer el concejal socialista Vicent Mascarell.
«En otra muestra de nefasta gestión, el capricho de no pagar a los bancos costará 170.000 euros en intereses y costas a todos los gandienses», dijo el concejal, quien concluye que la empresa pública «ha sufrido con mayor intensidad los desmanes de un gobierno manirroto que ha utilizado IPG para contratar a los amigos».
El Gobierno local del PP, también a través de un comunicado, señaló que el embargo «quedó solucionado» cuando el ayuntamiento refinanció la deuda bancaria y que a día de hoy «no hay ninguna cuenta de la empresa pública embargada gracias a las gestiones del Partido Popular».
