El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ), ha vuelto a fallar contra el Ayuntamiento de Gandia y ha anulado definitivamente el expediente para contratar a una nueva empresa que gestione el servicio de agua potable y alcantarillado por un periodo de 50 años.
El TSJ da la razón a la empresa Aquagest Levante, ahora denominada Hidraqua, y considera que las bases para esa contratación, aprobadas por el PP en noviembre de 2012, vulneraban nada menos que la libre concurrencia de empresas. El tribunal ratifica así una sentencia anterior del juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia que, en el año 2013, consideró ilegal que se obligara a las empresas concurrentes a indemnizar a la actual concesionaria, Aguas de Valencia, con la astronómica cifra de 86 millones de euros.
Primero para el juzgado de lo Contencioso Administrativo y ahora para el TSJ, esa obligación suponía «una barrera de entrada a otros licitadores», y únicamente garantizaba que la actual concesionaria del agua potable prolongara su contrato de 25 a 50 años.
Con esta sentencia, se esfuma definitivamente el canon de 10 millones de euros que el Gobierno del PP de Gandia ha ido incorporando reiteradamente en los presupuestos municipales de esta legislatura, y viene a dar la razón a los grupos de la oposición, que señalaron que esa cantidad de dinero era ficticia y que incrementaría la deuda municipal.
