Antoni Domínguez no puede reprimir sus lágrimas. Son una mezcla de melancolía, por el recuerdo de su padre fallecido hace un año, rabia, al pensar que, tras varios años luchando contra la Generalitat, dejó este mundo sin cobrar la ayuda de más de 9.000 euros que le concedieron para reformarse la vivienda, y enfado porque considera injusto lo que él, su familia, y otras miles están viviendo por culpa de esos impagos.
Su historia se remonta al 2009, concretamente al mes de marzo. Su padre decidió arreglar la fachada de su casa, ubicada en la calle Sant Joan Baptista, en Potries.
Cuando el albañil empezó a picar descubrió que bajo la capa de cal y pintura de la que estaba recubierta la cara exterior de la casa había piedra viva, material con el que se construían antiguamente las viviendas. Esta, en concreto, está datada a finales del XIX. «Mi padre pensó que una buena idea sería retirar todo el recubrimiento y dejar la fachada con la piedra al aire», explica Domínguez. «Le dije que me parecía buena idea pero que tenía que consultar una cuestión», señala.
Entonces, Antoni Domínguez se dedicaba a tramitar subvenciones del sector público desde el Ayuntamiento de Potries y sabía que estaba en vigor el Plan de Vivienda 2009-2012 de Ayudas a la Vivienda de la Generalitat Valenciana. «Después de ver todos los requisitos de la ayuda y viendo que mis padres los cumplían decidimos ampliar el presupuesto de la obra, la cual consistiría en rehabilitar la fachada, reparar humedades interiores y eliminar barreras arquitectónicas», explicaba a este periódico en la casa de sus padres.
«Ahí empieza la pesadilla». La obra se presupuestó en unos 12.000 euros y la Generalitat le otorgó una ayuda del 80 %. En marzo de 2010 finalizaron las obras y en noviembre de ese mismo año recibieron la resolución definitiva por la que le otorgaban la ayuda. «Nos dijeron que la Generalitat solía tardar en pagar las ayudas entre ocho meses y un año», señala Domínguez. El calendario empezó a correr y la familia veía pasar los meses y años sin el dinero.
Remitieron varias cartas al Servicio Territorial de Vivienda y Proyectos Urbanos de la Generalitat solicitando el cobro. No recibieron ni respuesta. Incluso a través del propio Ayuntamiento de Potries se envió una notificación. En este caso, a casa de la familia de Antoni Domínguez llegó una notificación que ya se conocen muchas familias que están en su caso y que no dice más que «su ayuda será tramitada para su pago tan pronto como exista disponibilidad presupuestaria», que es lo mismo que no decir nada.
El afectado incluso llegó a darse de alta en la Asociación Impagados Vivienda de la Comunitat Valenciana. «Es aquí cuando descubrimos que no somos cuatro gatos y nos topamos con una brusca realidad. La deuda que arrastraba la Generalitat desde marzo de 2009 afectaba a 55.000 familias».
En una reunión del colectivo en Alzira, Antoni Domínguez descubrió historias desgarradoras de familias que dependen de esa ayuda. «Por suerte, al menos, nosotros podemos decir que mis padres tenían el dinero y no tuvieron que pedir un préstamo», señala.
Cuando regresó a casa tras aquella reunión, su padre, ya muy enfermó le preguntó: «Por qué le hacen eso a la gente humilde y trabajadora?». La pregunta se le quedó grabada y ahora es él quien se la hace.
En medio de la lucha, el hombre se fue apagando. Durante un año estuvo luchando contra una terrible enfermedad hasta que falleció en mayo de 2014 sin que la Generalitat le pagara. «Lo único que queremos es cobrar y pasar página con este asunto de una vez porque son ya muchos años de lucha».
