La nueva alcaldesa de Gandia, Diana Morant, ha impedido esta mañana al exalcalde, Arturo Torró, acceder a los despachos de la empresa pública de la ciudad, Iniciatives Públiques de Gandia. Torró se ha presnetado en la sede de IPG por la mañana con otros empleados con la intención de recoger «nuestros enseres personales» y se ha encontrado con que dos policías locales le impedían la entrada, tanto a él como al resto de trabajadores, muchos de ellos personas ligadas al Partido Popular.
En una rueda de prensa improvisada ante las puertas de las oficinas de la empresa pública, el exalcalde denunció que la nueva máxima responsable municipal dio la orden «de forma verbal y no con un decreto, como es procedente». La acusó de haber instalado «el estado policial» en la ciudad, ya que, como apuntó, también ha impedido el paso a otros despachos municipales como los de la Casa de la Cultura o la segunda planta del ayuntamiento.
Torró ha acusado de esta situación a su socia de Gobierno, Lorena Milvaques, por haber propiciado con su apoyo que Morant sea alcaldesa. «Eso es lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora», denunció. Además dijo que el recién estrenado ejecutivo va a «instaurar el chavismo» en Gandia.
El exalcalde criticó que la situación era aún más grave, en tanto que «sigo siendo el presidente de IPG». Sin embargo, esto fue rápidamente desmentido por Diana Morant, quien explicó que, según los estatutos fundacionales de la mercantil, el presidente de IPG queda cesado en el mismo instante en que toma posesión el nuevo máximo responsable y que lo que no cambia es el Consejo de Administración.
Morant, explicó, por tanto, que la decisión la ha tomado como presidenta de IPG y no como alcaldesa y que lo ha hecho «para custodiar toda la documentación que se guarda en la sede de la empresa».
La alcaldesa socialista reveló que varias personas intentaron acceder a las oficinas de la empresa «a las 3 de la madrugada», pero se les impidió.
