Natalia y su hijo de tres años tendrán hoy un techo bajo el que dormir. El Gobierno local de Gandia ha encontrado un piso para que ambos, que serán desahuciados hoy si no lo impide la presión popular, puedan trasladarse de inmediato.
El concejal de Més Gandia, Nahuel González, explicó ayer a este periódico que a lo largo del fin de semana desde el departamento de Bienestar Social se ha estado buscando una solución para esta familia, que se encuentra en una dramática situación.
Finalmente, se hallaron varios pisos que son titularidad de la empresa pública IPG y es a uno de ellos al que serán trasladados Natalia y su hijo a cambio de «un simbólico» alquiler social.
González señaló que se trata de una vivienda que se encuentra «en perfectas condiciones para vivir» y en un entorno más favorable para el pequeño que en el que estaban hasta ahora. El edificio al que se trasladarán madre e hijo se encuentra en las proximidades del Museu Faller.
«Es cierto que nos hemos saltado un poco el orden de la lista de familias que esperan una vivienda, social pero la urgencia de la situación, generada sobre todo por la presencia del menor, así lo requería», apuntó el concejal. Con este gesto, desde el Gobierno local le han garantizado una vivienda digna a esta mujer.
Sin embargo, eso no quita para que hoy el propio González, junto a un grupo de personas que forman parte de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), acudan a la calle Perú para intentar detener el desahucio. Con ello pretenden ganar tiempo para que la mujer pueda realizar la mudanza, puesto que en su nueva vivienda, pese a que dispone de algunos elementos, no hay muebles.
El concejal de Més Gandia señaló que la alcaldesa, Diana Morant, está al corriente de todo y que «está muy contenta» con la acción del ayuntamiento. Para González, «estos asuntos sí que son prioritarios y no otros como puede ser si se pone una bandera u otra».
La empresa, ilocalizable
El edil progresista explicó ayer Levante-EMV que desde personalmente estuvo toda la mañana intentando ponerse en contacto con la empresa propietaria del piso en el que hasta ahora han estado viviendo en régimen de alquiler Natalia y el pequeño.
Asegura que se trata de una mercantil de Catarroja que está en concurso de acreedores y que no ha podido localizar a nadie con quien contactar para tratar de detener el desahucio antes de que hoy llegue hasta la vivienda la comisión judicial. Y es que esta mujer tiene el piso alquilado a esta empresa pero no puede hacer frente a las cuotas al cobrar solamente una renta garantizada.
Desde la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de la Safor, Joan Cogollos confirmó que el juzgado no había dado orden de suspender el lanzamiento, por lo que hoy un grupo de ciudadanos estarán presentes ante la puerta de la vivienda para tratar de presionar y evitar el desahucio.
«Nosotros estaremos allí y si nos dicen que se suspende informaremos de ello, si no, intentaremos paralizarlo, como hacemos siempre».
