«El daño ya está hecho», repetía ayer Sergio Muñoz al recibir a este periódico en la sede de la empresa Construcciones Gomuñoz, investigada en la trama del 'caso Púnica' por sus posibles relaciones con uno de los detenidos, en concreto el empresario valenciano Alejandro de Pedro.
El gerente de la mercantil evita comentarios sobre la investigación abierta en la Audiencia Nacional, cuyo sumario es secreto, pero señala que «todo lo que ha hecho mi empresa es legal», y confiesa que desde que el nombre de Construcciones Gomuñoz saltó a los medios de comunicación está viviendo «una auténtica pesadilla».
El empresario explica que menos del 30 % de su facturación corresponde a contratos con las administraciones, y que lleva 21 años trabajando en esta mercantil familiar.
Además, destaca que con el Ayuntamiento de Gandia no ha trabajado exclusivamente con el Gobierno del popular Arturo Torró, sino también con el exalcalde socialista José Manuel Orengo. Y lo atestigua mostrando una relación de contratos de obra realizados entre 2009 y 2011, antes de la victoria del PP, que se resumen en una facturación de más de un millón de euros.
