El transporte público de Gandia, el Urbanet, costará más caro y reducirá los trayectos a partir del lunes día 10 de agosto. Se trata de unas medidas que ha aplicado el Ejecutivo local para compensar la deuda de 2.300.000 euros que mantiene el Ayuntamiento de Gandia (PSOE-Més Gandia) con la empresa concesionaria del transporte público.

El concejal de Administración, el socialista José Manuel Prieto, ha explicado que el anterior gobierno del PP dejó de pagar a la empresa concesionaria en diciembre de 2011, lo que ha obligado al nuevo Ejecutivo a tomar medidas de "emergencia".

En este sentido, el gobierno abonará 22.700 euros mensuales a la empresa frente a los cerca de 70.000 euros que costaba este servicio cada mes. No obstante, según Prieto, gracias a la "buena voluntad" de la concesionaria, "con esta prórroga de emergencia se garantiza que el servicio de Urbanet no desaparezca aunque será necesario aplicar recortes en el servicio".

Así, la línea 5 y La Marina mantienen la misma frecuencia de paso y el mismo itinerario. La línea 3, la de mayor demanda, realizará un único itinerario urbano y no se desplazará al hospital mientras que la línea 4 deja de realizar un recorrido por dentro de la ciudad y sólo se desplazará al hospital desde la estación de RENFE.

En cuanto a los precios, el billete sencillo, que ahora cuesta 80 céntimos, pasará a costar 1 euro a partir del lunes. El bono de 10 viajes, que en la actualidad cuesta 5 euros, pasará a 8 euros. Los pensionistas ya no podrán coger el Urbanet de forma gratuita sino que tendrán que pagar 30 céntimos y los estudiantes 50 céntimos. Por otra parte, aquellos mayores que dispongan de la Tarjeta Daurada podrán beneficiarse de la misma hasta diciembre, fecha en la que caduca, al igual que los estudiantes que disponen de su propio carnet.

Prieto ha explicado que a esta situación "se ha llegado por los impagos y la falta de previsión, porque nadie había contemplado que la prórroga acababa y no había dinero en la caja para hacer frente al pago". Aún así, Prieto ha señalado que estas medidas "no son irreversibles sino temporales", ya que el gobierno confía en poder renegociar la prestación de este servicio a partir del 31 de octubre, cuando cuente con dinero procedente de la amortización de créditos.