Entre el gran número de facturas impagadas que van apareciendo en la empresa pública de Gandia, IPG, del anterior etapa de Gobierno del PP, hay un puñado de ellas que pertenecen a los gastos de comunidad de varios edificios de la ciudad en los que la mercantil tiene en propiedad pisos destinados a alquileres sociales.
Es cierto que no es mucho dinero, un puñado de miles de euros, que si bien para una administración como la de Gandia no supone ningún quebranto, sí que lo es para las comunidades de vecinos, que ven como el resto de propietarios sí que soportan los gastos de mantenimiento de las escaleras mientras el ayuntamiento, el primero que debería dar ejemplo, no lo hace.
Las facturas pendientes, a las que ha tenido acceso este periódico, van desde el 2011 hasta el 2015 y pertenecen a comunidades ubicadas en las calles Benicanena, Pintor Segrelles, Pintor Sorolla, Perú, Sant Joan de Ribera o Séquia Assut.
Estos pisos los adquirió la empresa municipal para entregarlos a familias sin recursos de la ciudad y no todos están ocupados.
La suma de los gastos no supera los 120 euros por cada una de las facturas, que, al parecer, se pagan cada trimestre por parte de las comunidades.
Como ya publicó este periódico, la compra de algunas viviendas por parte de IPG generó polémica, en tanto que los anteriores gestores municipales incluyeron cláusulas en casas del distrito de Santa Anna que obligaban a las familias propietarias, tildadas de «conflictivas», a abandonar la ciudad como condición para cobrar. El exalcalde del PP, Arturo Torró, lo justificó como una medida de seguridad.
