Cada nueva cuestión que el Gobierno local de izquierdas de Gandia va desvelando de la gestión que el PP hizo de la empresa pública IPG en la anterior etapa resulta aún más sorprende si cabe que la anterior.
Compras de viviendas con la condición de que los propietarios salieran de Gandia, pagos a un barco que se anunció a coste cero por dinamizar el turismo en la playa o pagarés sin abonar, firmados por el anterior presidente de la mercantil, Arturo Torró, aparecidos en el despacho del PP varios días después de la toma de posesión del nuevo ejecutivo y cuando estaban a punto de vencer, son solo algunos de los asuntos que se han ido destapando y que se suman a los que ayer sacó a la luz el coordinador general de Economía y Hacienda, Salvador Gregori.
En una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el coportavoz del Gobierno local, José Manuel Prieto, desgranó asuntos como que en solo en nóminas, los anteriores gestores pagaban cerca de 300.000 euros al mes de media a los casi 200 trabajadores con los que Gregori cifró la plantilla de IPG. «La mayoría de ellos eran enchufados del partido», dijo. Aprovechó para desmentir que el actual ejecutivo no pague a los actuales empleados de la empresa. Si bien, reconoció que ha habido un retraso, pero que «se debe a la dramática situación en la que el PP dejó la empresa», señaló Gregori.
Así, explicó que ya se están pagando las nóminas de julio y que el actual Ejecutivo «ha reducido en un 64 % el gasto en personal, respecto a lo que le costaba al PP mantener la plantilla». Actualmente IPG paga 110.000 euros de los 40 trabajadores que han quedado, entre los que están los de la grúa y SaforBici.
Otro de los asuntos que destapó Gregori fue la deuda que IPG tiene con la Seguridad Social y que asciende a casi 600.000 euros, de los que un 20 % son de recargo por el retraso en el pago. «No se pagaba desde el mes de febrero».
Además, IPG debe pagar 7.600 euros al mes del IBI, la basura y otros impuestos de las viviendas que son de su propiedad porque no se abonaron en tiempo y forma.
Gregori destapó, además, que la famosa «operación Aplauso», por la que se iba adquirir la bolera del hotel Palace de la Playa de Gandia, supone otros 600.000 euros de deuda para IPG en concepto de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. El actual gobierno está devolviendo ese dinero a la Agencia Tributaria a razón de 12.500 euros al mes.
Por último, IPG reclamó a Hacienda 1,3 millones en concepto de devolución del IVA de 2012. Mientras ese dinero llegaba, el PP pidió un adelanto de 1 millón a Caixa Popular.
Posteriormente, explicó Gregori, una inspección de Hacienda reconoció que la deuda del IVA era de 284.000 euros. Los anteriores gestores, criticó Salvador Gregori, ingresaron el dinero en un banco diferente para poder disponer del dinero «para facturas varias». Eso significa que no solo no devolvieron el dinero que habían pedido a Caixa Popular, sino que, además, gastaron los 284.000 que ingresaron de la devolución del IVA.
El PP: «Que paguen»
Ante la denuncia lanzada por el gobierno local de Gandia por la situación en la que se encuentra IPG, el portavoz del PP, Víctor Soler, pidió ayer a los nuevos gestores municipales, «que dejen de criticar y que paguen». Se dirigió a la alcaldesa, Diana Morant, para pedirle que «no se escude constantemente en la gestión de los anteriores responsables». Soler aseguró que «muchos trabajadores de IPG que no cobran se han visto obligados a pedir amparo al PP ante los retrasos injustificados en sus emolumentos».
