El exalcalde de Gandia, del PP, Arturo Torró, en calidad de presidente de la empresa pública de Gandia, IPG, hizo caso omiso a los requerimientos de la justicia para que le remitiera la documentación necesaria para la investigación de los contratos por los que se concedieron importantes cantidades de dinero público a dos televisiones privadas que emitían en la ciudad.
Según ha podido saber este periódico, en enero de este año entró en IPG un oficio del juzgado de instrucción número 3 de Gandia en el que le pedía «un informe de manera detallada en relación al contrato objeto de las actuaciones, así como las razones que llevaron a su incoación, la finalidad que perseguía y los trámites que se siguieron».
El exalcalde no obedeció al juez, por eso, el 28 de abril volvió a entrar otro oficio en el que insistía en que se debía remitir la documentación y hacía hincapié en el «reiterado incumplimiento» por parte de los anteriores gestores de la empresa pública gandiense.
Así, el nuevo consejo de administración de la empresa pública ha aprobado «recabar toda la información necesaria para poder informar al juzgado de instrucción en los temas requeridos en el oficio», según documento al que ha tenido acceso Levante-EMV.
Además, el consejo ha facultado al vicepresidente, Emili Morant, para que sea el encargado de llevar a cabo las actuaciones judiciales en este asunto, en tanto que el presidente, Vicent Mascarell, al ser parte demandante, ha decidido abstenerse para evitar un conflicto de intereses.
Según el mismo escrito en el que se acuerdan estas cuestiones, el exalcalde, Arturo Torró, «aportó al juez documentación a título personal», algo que, según apuntan, «es una irregularidad evidente» que tiene como fin «entorpecer la labor judicial» en esta cuestión.
Cabe recordar que el PSPV-PSOE presentó una denuncia contra Torró por la subvención de 3,5 millones de euros a los dos canales de televisión privados de la ciudad. Todo, después de cerrar la televisión pública, Gandia TV, al considerar que resultaba demasiado cara.
