El Gobierno de Gandia reveló ayer informes solicitados por la empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) a diversas empresas que ha calificado como «inútiles e innecesarios» por la directiva de esta empresa pública. El valor de esos informes supera los dos millones de euros.
Según el comunicado del Gobierno local del PSPV y Més Gandia, entre estos informes estaría el encargado al exconsejero de Sanidad de Esperanza Aguirre, Manuel Lamela, un documento de 346 páginas por el que se pidieron 66.555 euros, aunque finalmente ese dinero no se abonó.
Así, el que fue consejero de Sanidad con Esperanza Aguirre en Madrid Manuel Lamela trató de cobrar un total de 66.555 euros por un informe sobre el puerto de Gandia titulado: «Proyecto sobre la viabilidad de un plan de dinamización para el puerto de Gandia y su área de influencia». En el documento, «constan obviedades como decir que la flota pesquera se ha visto reducida a la mitad desde 1995 o que Gandia es uno de los principales destinos turísticos, muy centrada en el segmento de sol y playa», según señaló el Gobierno local en su comunicado, al tiempo que recordaba que Lamela fue imputado en octubre de 2013 por delitos de soborno y prevaricación.
Además de este informe, en la contabilidad de la empresa aparecen 135.000 euros para el estudio realizado por Profun Management Group para el documento de viabilidad del parque acuático que anunció el exalcalde del PP, Arturo Torró, a los que hay que sumar 16.000 no presupuestados y por los que IPG ha remitido un escrito a la empresa americana para obtener una explicación de este sobrecoste».
Del mismo modo, entre los pagos que ha debido realizar la empresa, constan cerca de 800.000 euros en informes jurídicos y "toda una serie de documentos de asesoramiento en materia de comercio, deportes o la Ciudad Agroalimentaria que ascienden a unos dos millones de euros.
El nuevo presidente de IPG, el socialista Vicent Mascarell, señaló que estos ejemplos son una «nueva prueba de cómo el PP de Gandia gastaba a dos manos en beneficio de amigos del partido o empresas afines» que «no aportaron nada» con unos «informes totalmente inútiles y que podrían haberlos realizado funcionarios del ayuntamiento».
