El exalcalde de Gandia, Arturo Torró, del PP, entregó el pasado mes de mayo los documentos que le pidió el juez que investiga la demanda que en la pasada legislatura puso el PSPV contra la subvención de 3,5 millones de euros que el ayuntamiento, a través de IPG, entregó a dos cadenas de televisión privadas de la ciudad.
El también presidente del Partido Popular gandiense envió los contratos como alcalde de Gandia y no como presidente de IPG, empresa pública de Gandia y entidad desde la que se abonó el dinero a las dos mercantiles. Por ello, el juez le requirió la documentación en diversas ocasiones.
El registro de entrada de los escritos presentados por el exalcalde en el juzgado número 3 de Gandia es del 18 de mayo. Los requerimientos por parte del magistrado estaban fechados en 19 de enero y 28 de abril de este mismo año.
El propio Torró aseguró ayer a este periódico que en la documentación entregada figuraba todo el expediente administrativo sobre las televisiones.
«En la documentación que integra el expediente se acompañan y explicitan las razones, la finalidad perseguida con el mismo, todos los trámites que se siguieron y los criterios y resultado del procedimiento de elección de los adjudicatarios», según apunta el escrito de Torró al que ha tenido acceso Levante-EMV.
En el mismo, trata el procedimiento para la subvención de las ayudas a las televisiones privadas como «Procedimiento de contratación con invitación para la prestación de servicios públicos de comunicación audiovisual televisiva».
El nuevo consejo de administración de la empresa pública había denunciado que el exalcalde no entregó la documentación que le solicitaba el magistrado y por ello aprobó facultar al vicepresidente, Emili Morant, para recopilar toda la información necesaria con el objetivo de remitirla.
Al parecer, la confusión se encuentra en el hecho de que Arturo Torró no la hizo llegar al juzgado en calidad de presidente de la empresa pública, sino como alcalde de Gandia, algo que fue interpretado por los actuales gestores como un intento «de entorpecer el trabajo judicial».
Uno de los denunciantes fue Vicent Mascarell, hoy presidente de la empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandia.
