El Grupo Popular del Ayuntamiento de Gandia anunció ayer que se personará como acusación popular en los casos judiciales abiertos contra el exalcalde socialista, José Manuel Orengo, a raíz de las denuncias que su sucesor del PP, Arturo Torró, presentó en la legislatura pasada.
En concreto, se trata del llamado Caso Innova, referido al posible desvío de una subvención del Ministerio de Industria para construir un centro de innovación e investigación, y por la firma de créditos bancarios por valor de unos 50 millones de euros. En ambos casos el exalcalde Torró considera que se han cometido delitos y figuran como imputados el propio Orengo, y los exconcejales Fernando Mut y Ana García.
Según explicó ayer el concejal del PP Vicent Gregori y el asesor de este grupo, Javier Reig, el cambio en el Gobierno local podría hacer decaer estas causas a pesar de que la Fiscalía está en ambas y actúa con independencia. Por ese motivo, y para exigir la práctica de actuaciones o nuevas diligencias, el Grupo Popular actuará desde ahora como acusación popular.
El llamado Caso Innova surgió hace ahora casi cuatro años. Fue en noviembre de 2011 cuando el recién elegido alcalde del PP, Arturo Torró, anunció lo que él consideró como un caso de corrupción política. Desde entonces diversas resoluciones judiciales archivaron el caso o no vieron indicios de delito, pero al final la Audiencia de Valencia obligó a un juzgado de Gandia a reabrir la instrucción. Dice Torró que Orengo desvió el dinero para construir el edificio Innova para otros gastos municipales, pero el exalcalde socialista asegura que cuando dejó el cargo el dinero estaba en la cuenta de la empresa pública municipal IPG.
En el caso de los créditos bancarios, el PP acusa al exalcalde socialista de prevaricación y posible malversación por haber firmado préstamos, bien en el ayuntamiento bien en la empresa IPG, por valor de unos cincuenta millones de euros, sin contar con la autorización expresa de la Conselleria de Hacienda.
