El juzgado de instrucción número 1 de Xàtiva ha admitido a trámite la querella interpuesta por un empresario de Alzira contra el presidente del Consorcio de Residuos (COR) Vicente Parra y la UTE adjudicataria del vertedero de Llanera de Ranes y gestora de los residuos de 5 comarcas: la Safor, la Costera, la Vall d'Albaida, la Canal de Navarrés y el Valle de Ayora. La titular del juzgado, Susana Company, ha abierto diligencias para investigar un supuesto delito de prevaricación en la concesión del millonario concurso público, licitado por el COR en 2009. En el marco del proceso, la magistrada ha pedido la declaración testifical tanto de Parra —hasta junio concejal del PP de Xàtiva—como de los responsables de las empresas adjudicatarias, FCC y Dimesa.
La licitación salió adelante pese al voto en contra de los dos técnicos de la Generalitat que integraban la comisión técnica, que señalaron como más ventajosa la oferta de otra mercantil, Urbaser SA, con una mejor puntuación. De hecho, la UTE Vytrusa, finalmente vencedora, se situó como la segunda peor valorada por los técnicos de las cuatro aspirantes.
El juzgado ha requerido al Consorcio el informe externo que solicitó el organismo para justificar la concesión del contrato a FCC-Dimesa a pesar de los reparos formulados por la conselleria sobre la ubicación propuesta por la mercantil, a tiempo que ha pedido que testifiquen también los técnicos del ente. La jueza quiere saber si se dictó una resolución arbitraria «a sabiendas de su injusticia».
El promotor de la querella es un empresario que tenía un acuerdo con Urbaser para desarrollar la planta de residuos en unos terrenos de su propiedad, muy próximos al lugar donde finalmente se asignó la contrucción. José Andrés Asunción, dueño de Promourben, SL, logró en 2006 que el Ayuntamiento de Llanera de Ranes aprobase en pleno una propuesta para emplazar las instalaciones en esas parcelas, después de que la Generalitat declarara la zona apta para un vertedero. Pero el convenio no llegó a materializarse.
Batalla judicial desde 2009
La UTE que se llevó la adjudicación ofrecía como principal baza un contrato de alquiler, sellado dos meses antes del concurso, con una empresa propietaria del 30 % del suelo necesario para el vertedero. En virtud de este preacuerdo, FCC-Dimesa se compromete a pagar a la citada mercantil 8,5 euros por cada tonelada de basura que entre en la planta de tratamiento una vez abierta. El resto de empresas competidoras impugnaron esta operación, alegando que el arrendamiento, además de crear «inseguridad jurídica», no estaba contemplado en los pliegos y alertando de un incremento al alza del valor de los restantes terrenos requeridos para la planta. Como avanzó Levante-EMV en febrero de este año, la propiedad de este suelo cambió de manos a una nueva firma administrada por José Ramón Gallego, directivo del grupo constructor Llanera.
Las instalaciones se proyectaron para albergar hasta 169.000 toneladas de basura al año generadas por 300.000 habitantes de 91 municipios. Así, la empresa que ofrece a Vytrusa arrendar 76.000 m2 de suelo aspiraba a embolsarse 40 millones de euros con la operación. Asunción, el promotor de la denuncia, asegura que ofrecía a Urbaser los 200.000 m2 necesarios para edificar la planta por 13 millones. En su escrito, apunta a un supuesto amaño del concurso comarcal de la basura y aporta diferentes pruebas para demostrarlo.
Las empresas que perdieron la adjudicación ya denunciaron en 2009 un posible «pelotazo» en la compraventa del suelo para la planta, aunque hasta el momento el Consorcio cuenta por victorias todos los pleitos a los que se ha enfrentado. Su presidente, Vicente Parra, siempre ha defendido los informes que avalan la decisión. Ayer este diario no pudo recabar su versión sobre la querella.
La planta tendría que haber entrado en funcionamiento en 2012, pero una serie de factores políticos, económicos y técnicos han aplazado sine die su construcción. Tras el cambio de color político en la Generalitat, ha quedado en el aire, pendiente de los permisos ambientales. El promotor de Alzira ha explotado ha raíz de lo daños que le están provocando los trabajos previos en sus parcelas. «No han parado de perjudicarme ni a mí ni a mi suelo. Llevan 7 años amargándome», sentencia.
