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El PP de Gandia pide responsabilidades por el destino del canon del agua potable

Soler y Reig insisten que el desvío del dinero al margen del Plan Director puede acarrear una monumental deuda

El PP de Gandia pide responsabilidades por el destino del canon del agua potable

El Partido Popular de Gandia reveló ayer una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Valencia que, según su criterio, obligará al ayuntamiento a tener que indemnizar a la empresa concesionaria del agua potable, Aguas de Valencia en varios millones de euros, y también a invertir 67 millones de euros en 25 años en la renovación de la red de agua y la del alcantarillado.

Según Víctor Soler, portavoz del PP, y Javier Reig, asesor del grupo municipal, la sentencia señala que el gobierno de Orengo empleó este dinero como un «crédito encubierto», y exigieron responsabilidades, tanto al exalcalde socialista como a quien entonces era concejal de Contratación, Alfred Boix.

Según el PP, la sentencia reconoce que los 55 millones de euros que anticipó la empresa concesionaria del agua potable al Ayuntamiento de Gandia, además de los 12 millones de euros del canon del alcantarillado, se destinaron a todo tipo de gasto municipal en lugar de obras para renovar ambas redes de servicios esenciales

Soler y Reig dicen que este dinero «fue utilizado como un crédito» por el gobierno local socialista, que lo usó en otras inversiones en vez de invertir en el Plan Director del Agua, que marcaba como prioridad la sustitución de las tuberías de fibrocemento, «un material perjudicial para la salud». Reig pide que el nuevo gobierno local exija responsabilidades, ya que se pueden derivar indemnizaciones millonarias.

En el mismo sentido, el portavoz del grupo popular, Víctor Soler, registró ayer un escrito dirigido al gobierno local y a funcionarios municipales solicitando saber si esos 55 millones del canon anticipado del agua, recibidos en 2008, se podrían calificar como ingresos o gastos con financiación afectada y si ese dinero se ha convertido en una obligación para el ayuntamiento y para los contribuyentes. Soler también reclama un informe que determine qué cantidad de los 55 millones de euros se destinaron al cumplimiento del Plan Director del Agua durante los años 2008, 2009 y 2010 y qué otra a gasto corriente.

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