El cambio de gobierno en la ciudad de Gandia, que pasó de manos del PP a las de un pacto entre el PSPV-PSOE y la coalición Més Gandia, con el respaldo de Ciudadanos (C's), no ha tenido los habituales «cien días de gracia» que se suelen dar en política. Mucho antes de ese tiempo, que se cumplió el pasado lunes, el PP ya había criticado la gestión. El exalcalde, Arturo Torró, no de ha dejado de pronosticar el caos absoluto al que está abocado esta ciudad ante lo que considera un equipo de «radicales» que no sabrán dirigir el ayuntamiento.
Más allá de los enfrentamientos y de las valoraciones de unos y otros, lo cierto es que la capital de la Safor ha experimentado un giro importante en muchos aspectos que rompen con la gestión que el PP ejerció, con mayoría absoluta, durante los cuatro años anteriores.
Buena parte de esas medidas están condicionadas, y así seguirá siendo durante toda la legislatura, por la gran losa que la deuda municipal impone.
Impuestos al máximo para evitar la intervención del ministerio
Esa deuda acumulada ronda ya los 350 millones de euros, una herencia que supone, de facto, la quiebra de un consistorio que, en cumplimiento de la ley, debería haber sido intervenido por el Ministerio de Hacienda hace meses. Para evitar que el ministro Cristóbal Montoro asuma la «alcaldía», el nuevo Gobierno del PSPV-PSOE y Més Gandia, con el voto de Ciudadanos, aprobó el julio una de las mayores subidas de impuestos de la historia. El IBI se ha situado en el máximo, al igual que el de vehículos de tracción mecánica, y no habrá bonificaciones para nadie. Los partidos que dieron el sí a esa medida pidieron «perdón» a los ciudadanos y culpan al PP de no haberles dejado otra opción. El PP, por su parte, acusó a la alcaldesa de «haberse arrodillado» ante el Ministerio de Hacienda. Esa subida de impuestos permitirá, según las previsiones de los técnicos, aprobar dos planes que son vitales para la ciudad. Uno de reestructuración de la deuda bancaria y otro para liquidar los cerca de 75 millones de euros en facturas sin pagar que el ayuntamiento tiene en los cajones. El Gobierno local incluso confía que, con esta subida de impuestos y la reducción de gastos aplicada, al final de la legislatura se pueda suavizar la carga fiscal a los ciudadanos.
Acercamiento a la universidad
y retorno de las educadoras
En educación, el paso más importante ha sido la reincorporación de las educadoras de las guarderías públicas municipales, que fueron despedidas ilegalmente por el anterior Gobierno del PP. Y en cultura, destaca el acercamiento a la universidad, una relación que con Torró fue muy distante. La imagen de ese cambio fue la presencia de Ximo Puig en la inauguración de la Universitat d'Estiu. Era la primera vez que un presidente de la Generalitat acudía a ese acto.
Vuelta a un centro histórico peatonal que el PP abandonó
La deuda no se ve en la calle, pero sí la reciente medida de recuperar la peatonalización del centro de la ciudad y áreas del Prado y el Raval. El nuevo Gobierno va a cerrar, paulatinamente, las vías que fueron acondicionadas hace años para dar un uso preferente al peatón, e impulsará medidas para que los ciudadanos dejen el coche. Paradójicamente, se ha tenido que recortar el servicio del autobús urbano, lastrado por el déficit de explotación, y se ha tenido que subir la tarifa. Las bicicletas urbanas de alquiler, que también generan déficit, no se cerrarán.
No a los desahucios y
sí a los refugiados
El nuevo Ayuntamiento de Gandia tampoco tolerará desahucios en esta ciudad. Lo demostraron la alcaldesa, Diana Morant, y el concejal del área Social, Nahuel González, presentándose en una concentración para respaldar a una familia que iba a perder su casa. Ahora se invertirá para rehabilitar pisos municipales que serán cedidos, a cambio de un alquiler asumible, a familias sin techo y sin recursos. Gandia también ha estado entre las primeras ciudades en declararse «de acogida» para refugiados, como los que ahora llaman a las puertas de Europa huyendo de la guerra en Siria.
Un cambio de modelo que ponga fin al visitante «de borrachera»
Dos grandes discotecas cerradas y una treintena de establecimientos de ocio nocturnos advertidos por la Policía Local durante el pasado verano indican bien a las claras que el Gobierno gandiense va a endurecer la presión sobre aquel modelo de turismo que causa molestias. Los concejales responsables de varias áreas de gestión, entre ellas la de seguridad, acudieron el pasado agosto a la asamblea de la asociación de vecinos de la playa que clama contra el ruido. El Gobierno local habla abiertamente de poner fin al llamado «turismo de borrachera», que se nutre el ocio nocturno, y busca potenciar el «familiar, cultural y ambiental».
La playa de l'Auir será protegida y no se urbanizará
Del modelo urbanístico lo más destacado de estos primeros cien días es la decisión firme de que la playa de l'Auir, el último tramo virgen del litoral gandiense, no se urbanizará. Se acabaron, por lo tanto, los muchos titubeos del PP respecto a la posibilidad de fomentar un complejo turístico con hoteles o una zona para cámping y caravaning. L'Auir, con el marjal contiguo y el área protegida del macizo del Mondúber, será zona libre de hormigón.
No más toros, se mantiene la Fira y cambiará el 9 d'Octubre
Cuatro veranos de corridas de toros ha tenido Gandia, los mismos que el PP ha gobernado la ciudad. Entre las primeras medidas del nuevo Gobierno, cumplir con la promesa electoral y anular el contrato para la corrida de toros que iba a celebrarse a pocos días de que tomara posesión. Poco después se supo que, en contra de lo que el PP proclamaba, esos eventos acaban costando miles de euros al ayuntamiento. Cambiará el modelo de la celebración del 9 d'Octubre, que el PP de Gandia copió de Valencia pese a no existir ninguna tradición, y se mantendrá el de la Fira i Festes, basado en espectáculos gratuitos de calle para todas las edades, especialmente para niños.
El primer municipio que difunde todas las facturas que paga
Fue una de las más llamativas promesas electorales de la candidata socialista y ahora alcaldesa, Diana Morant. Aunque suscitó muchas dudas sobre su cumplimiento, lo ha hecho en los primeros cien días y desde la primera semana de septiembre Gandia difunde en su página web todas las facturas que paga. De esos documentos únicamente no se darán a conocer aquellos datos que están sujetos a la ley de protección.
Liquidación de IPG en
el menor tiempo posible
El PP lo prometió pero no lo hizo. El nuevo Gobierno local asegura que trabaja desde el primer momento para poner en orden los papeles de Iniciatives Públiques Gandia (IPG), trasladar los servicios que presta al ayuntamiento y, seguidamente, liquidarla.
