El parque acuático que Arturo Torró prometió en la playa de Gandia y que convirtió en el centro de su campaña electoral habría costado decenas de millones de euros de inversión por parte de todas las Administraciones, desde el propio ayuntamiento hasta el Gobierno de España, pasando por la diputación y la Generalitat.
Según el estudio de viabilidad que Torró encargó a la empresa estadounidense Profun Management, al que ahora ha tenido acceso este periódico, los supuestos inversores que debían construir el parque acuático llegaban «con casi todo hecho» a cuenta del erario público de gandienses, valencianos y españoles.
Así, en el apartado de la «potencial participación gubernamental» citada por los americanos se señala que al ayuntamiento iba a ceder los terrenos, un total de 228.000 metros cuadrados situados a escasa distancia de la playa y junto a la zona húmeda de l'Alqueria del Duc. Dice la empresa que esa cesión habría sido «a bajo coste» durante un periodo de varios años que no concreta. Esa compra de suelo por parte de un ayuntamiento que ya estaba arruinado habría supuesto al menos dos millones de euros, según reconoció el propio Gobierno local del PP en la pasada legislatura.
Mucho tendría que haber invertido el Ministerio de Fomento, que, según señala Profun Management, debía prolongar de la autovía A-38, anulada hace años por falta de dinero, o la construcción de un acceso norte a la playa atravesando el marjal de Xeresa, otra promesa de Torró que nunca pasó de un dibujo en un papel.
Al Estado, a la Generalitat y a la Diputación de Valencia les habría correspondido «redireccionar los accesos» de las carreteras de la Séquia del Rei y Natzaret-Oliva, así como adecuar los caminos y el canal que discurre junto a los terrenos escogidos. Profun, que se llevó 135.000 euros por ese estudio de viabilidad, señala incluso la necesidad de pasos elevados o puentes para permitir el acceso a los párkings que se tendrían que construir, todo a costa de la Administración.
Sin noticias de los inversores
El estudio de viabilidad, que en contra de lo dicho no aporta nombres de inversores interesados, también habla de «rebajas de impuestos» a la propiedad así como otros «alivios» en tasas a la empresa que explotaría esta instalación turística.
Aunque no existe una valoración de todas esas inversiones, y de las otras que surgirían con el desarrollo del proyecto, todo apunta a que, al final, el dinero que tenía que destinar la Administración en su conjunto superaba con creces los 40 o 50 millones que, según se dijo, debía aportar una empresa privada para hacer realidad las imágenes virtuales que el PP difundió profusamente antes y durante la campaña electoral.
Pasado el voto, y con el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Gandia, tampoco ha habido noticias de los empresarios. Ni se han solicitado reuniones ni ha llegado al consistorio comunicación alguna sobre el supuesto interés el construir el parque acuático.
