«Tres meses, solo pedía tres meses para sacar mis cosas del piso e irme a otra vivienda». Eran las palabras de Alejandro Alcázar, ayer, antes de conocer que un juzgado de Gandia decidía paralizar su desahucio, previsto para las diez de la mañana.
Este empresario vive junto a su madre en un piso de la calle Juan Ramón Jiménez. Pese a que conocía del peligro de desahucio, no fue hasta la noche del lunes cuando su abogado de oficio le avisó de que un recurso que había solicitado para que el juez le dejara tres meses para trasladarse, le había sido denegado.
El piso de Alejandro fue adquirido por su familia hace décadas pero, en un momento dado, él necesitó hipotecarlo para sacar adelante su negocio. «Llegó la crisis y me tocó. Hubo un momento que tuve que elegir y priorizas comer a pagar la hipoteca», señalaba ayer a este periódico ante la puerta de su casa. Antes de cerrar, Alejandro Alcázar trabaja en el Servicio de Atención al Ciudadano, puesto que dispone del título de vigilante de seguridad y, es, dijo, diplomado en Ciencias Políticas.
Actualmente, el hombre solo cobraba un subsidio de 213 euros, mientras que su madre recibía una pequeña pensión no contributiva que no les da para hacer frente a los gastos del día a día y la hipoteca de la vivienda.
Junto a él, una decena de vecinos y miembros de la Plataforma Afectats per la Hipoteca de la Safor (PAH), sí como miembros del Gobierno local de Gandia, como el concejal de Políticas Responsables, Nahuel González, uno de los coordinadores del Gobierno, José Manuel Prieto y el edil de Medio Ambiente, Xavi Ródenas.
También acudieron varios ediles del PP como Víctor Soler, Andrés Puig y Javier Reig, así como Dani Martí y Maximiliano Doncel en representación de Ciudadanos.
Unos 20 minutos después de la hora prevista para el desahucio, una de las activistas de la PAH gritó a los presentes: «¡Lo han parado!». La emoción embargaba entonces a Alejandro y su madre que rompieron a llorar.
Ya más tranquilo, Alcázar aseguraba a este periódico que «hemos conseguido lo que queríamos, tres meses para sacar nuestras cosas e irnos a casa de un familiar que nos acoge a nosotros y mis animales, que también son de la familia», señalaba.
La actuación de la PAH y del Ayuntamiento de Gandia tuvo que ser rápida, ya que la noticia del desahucio se conoció a las 21 horas del lunes y el aviso tuvo que correr a través de las redes sociales y de plataformas móviles de mensajería instantánea.
