Mientras que el PP y el anterior alcalde de Gandia, Arturo Torró, pagaban a barcos recreativos, medios que le ensalzaban, empresas de publicidad, organización de fiestas como la de San Juan o estudios de viabilidad para la construcción de un parque acuático, bien a través de del ayuntamiento o de IPG, dejaban «colgadas» a mercantiles que prestaban importantes servicios sociales en la ciudad y a las que no se pagaba lo que estipulaban sus contratos.
Es el caso de Auca Projectes Educatius, una empresa que, entre otros, ofrecía cursos en la Universitat Popular de Gandia (UPG) a través de una concesión administrativa.
Esta firma, como publicó este periódico el pasado mes de febrero, amenazó con denunciar al Ayuntamiento si no se le abonaban facturas impagadas por valor de casi 100.000 euros. Pero ni siquiera esa amenaza fue suficiente para que los responsables de la hacienda local de entonces situaran en los primeros puestos de sus prioridades monetarias el dinero que adeudaban a Auca.
Cierto es, como reconoce Ximo Valero, representante de la sociedad, que el anterior Ejecutivo pagó una parte de esa cantidad al planear sobre sus cabezas un nuevo proceso judicial. Pese a eso y a que los servicios dejaron de prestarse en octubre de 2014, a día de hoy aún se la adeudan a la compañía unos 30.000 euros.
Torró ni alega
Ahora se han conocido dos sentencias, a las que ha tenido acceso este periódico, que suponen el enésimo varapalo judicial para Arturo Torró y su equipo de Gobierno por su gestión en los últimos cuatro años al frente del Ayuntamiento de Gandia.
Básicamente, lo que vienen a decir ambas es de pura lógico: que el ayuntamiento debe pagar a Auca Projectes Educatius las facturas que aún se le adeudan más los intereses de demora.
Las reclamaciones son tan claras que el ayuntamiento ni siquiera ha presentado alegaciones contra el recurso y reconoce la deuda.
La primera resolución judicial está fechada el pasado 17 de septiembre. En esta, Auca reclamaba, en principio, algo más de 34.000 euros por los cursos que ofrecieron en la programación de la Universitat Popular de Gandia en 2014. Sin embargo, mientras se tramitaba el recurso, el Ayuntamiento pagó una parte de las facturas y la deuda se redujo a unos 6.000 que ascienden a 8.620 al sumarle los intereses de demora.
El otro recurso lo presentó la empresa para reclamar 26.065 euros del contrato suscrito con el Ayuntamiento de Gandia para prestar el servicio del Programa de Apoyo a las Familias, del que también se pagó una parte anteriormente. A esta cantidad sí que se le sumarán los intereses de demora, por lo que será superior.
