El Ayuntamiento de Gandia no modificará el Plan de Usos del Marjal para anular el apartado que reserva 340.000 metros cuadrados para una «zona deportiva» en la que se podría construir un pequeño campo de golf.

Pese a la polémica existente, y sobre todo a las posiciones enfrentadas, el concejal de Ciudadanos, Ciro Palmer, propició, y logró, un consenso que ha dado como resultado la flexibilización de posturas por parte de PP, partidario del campo de golf, y el Gobierno local, contrario a esa instalación en el marjal.

El acuerdo consiste en mantener la «mancha» del campo de golf en el marjal, pero el ayuntamiento no llevaría a cabo la actuación, sino que la dejaría «como opción de futuro», siempre que haya un inversor privado y saliera «a coste cero», según señaló ayer el concejal Palmer.

Se trata, en definitiva, de un acuerdo in extremis que deja parcialmente satisfechas a las dos partes. Al PP porque considera una victoria que se mantenga la reserva de 340.000 metros cuadrados para el campo de golf. Y al Gobierno local del PSPV y Més Gandia porque tiene la absoluta certeza de que nunca habrá una empresa interesada en invertir todo el dinero necesario en una obra de esa envergadura.

Ciro Palmer lo dejó meridianamente claro ayer. «El campo de golf es inviable económicamente, pero no queremos cerrar la puerta a que en un futuro se pueda hacer si hay inversores».

Aun así, el debate no ha concluido. El miércoles de la próxima semana otra reunión de todos los grupos deberá decidir si el ayuntamiento mantiene la acción judicial emprendida contra la Generalitat por considerar que la presencia de esos 340.000 metros cuadrados para zona deportiva en el marjal de Gandia se aprobó incumpliendo la ley.

Y, en segundo lugar, nadie oculta que las posturas se mantienen inamovibles. Mientras el PP quiere impulsar el campo de golf y lo considera un proyecto vital para dinamizar la playa de Gandia, PSPV y Més Gandia no niegan que, si de ellos depende, nunca se autorizará esa instalación deportiva dentro del marjal, que es una zona protegida por las leyes autonómicas y europeas.