La Comisión de Precios de la Generalitat Valenciana aprobó la semana pasada la propuesta elevada por el Gobierno local de Gandia para prorrogar durante un año la llamada «tarifa transitoria» que se aplica al recibo del agua potable de esta ciudad.
Ese suplemento, que supone aproximadamente el 40 % del recibo que paga cada hogar enganchado a la red de suministro de agua potable, fue aprobado en 2004, por un periodo de diez años, para pagar la inversión de 16 millones de euros en las dos grandes plantas potabilizadoras de agua. Pasado ese tiempo, a todos los gandienses se les tendría que retirar la tarifa, pero el caso es que ahora un análisis realizado por Aguas de Valencia, la empresa concesionaria del suministro ha revelado la existencia de pequeños índices de sustancias provenientes de herbicidas que se usan en la agricultura intensiva.
Según señala la empresa concesionaria, y así lo ha aprobado el Gobierno de Gandia, resulta necesario implantar dos sistemas de filtros de carbón activo en las plantas potabilizadoras de l'Ull de Bou y de Falconera para eliminar los restos de esas sustancias químicas que, en grandes cantidades, resultaría perjudicial para la salud.
Los filtros que se instalarán están valorados en más de dos millones de euros, un dinero que Aguas de Valencia tiene derecho a recuperar al ser una causa sobrevenida que obliga a esa inversión para garantizar la potabilidad del líquido que se distribuye a todas las viviendas de Gandia. El sistema elegido para financiar los filtros es, justamente, prolongar un año más, hasta noviembre de 2016, la tarifa transitoria de 0,135 euros por metro cúbico consumido, más la cuota de servicio.
En una vivienda de consumo moderado de agua, unos 25 euros al mes, la tarifa transitoria supone 10 euros, de manera que, cuando esta medida sea anulada, previsiblemente en noviembre del año próximo, el ahorro para la mayoría de las familias será de entre 100 y 200 euros al año.
La ciudad de Gandia figura entre las ciudades con la tarifa más elevada del agua potable porque, en la legislatura comprendida entre los años 2003 y 2007, aprobó una gran inversión en las plantas de tratamiento que permitieron reducir a niveles aceptables las sustancias perjudiciales para la salud, especialmente los nitratos usados en la agricultura.
