El Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde presentado por el Consell de la Generalitat no solo salva definitivamente la gandiense playa de l'Auir, sino muchos otros espacios litorales. Entre ellos sin duda destacan los más de cuatro millones de metros cuadrados que se intentaron urbanizar en Tavernes de la Valldigna en aquel plan de «La Vall del Mar» que murió antes del nacer por vulnerar varias leyes. Ese suelo se mantiene como no urbanizable.
También protege definitivamente la zona no urbanizable del litoral sur olivense comprendida entre la desembocadura de la rambla de la Gallinera y la urbanización Rabdells, exceptuando una pequeña zona construida que es urbana.
Las dudas, sin embargo, están en aquellas zonas urbanizables del litoral que están programadas y que, generalmente debido a la crisis, no se han desarrollado. Así está, por ejemplo, el enorme sector Marenys de Tavernes de la Valldigna, al sur de Padur, que alcanza nada menos que 546.456 metros cuadrados. La ausencia de depuradora, y también la parálisis de la construcción, ha impedido avanzar en el proceso administrativo que habría desembocado en las obras. El concejal de Urbanismo vallero, Josep Llàcer, que justamente ayer se entrevistó con altos responsables de la Conselleria de Territorio, reconoció a este periódico que el Consell deberá aclarar si se podrá urbanizar o si opta por impedir nuevas áreas construidas junto al mar.
Siguiendo camino hacia el sur, en Gandia ocurre lo mismo con la nueva urbanización de Marenys de Rafalcaid, pegada al término de Daimús, cuya ejecución está paralizada por decisión de los propietarios, muchos de los cuales no quieren pagar las cuotas para obtener terrenos que seguramente después no podrían vender.
En la misma franja de 500 metros a partir de la línea de mar, Piles, Bellreguard, Miramar y Oliva también disponen de suelo urbanizable en vías de convertirse en urbano, en algunos casos, como las zonas de la Terranova de Oliva, con suspensión temporal del procedimiento a la espera de que lleguen tiempos mejores.
Es ahí donde la Generalitat, según señaló la consellera María José Salvador, quiere que los ayuntamientos se expresen para determinar, seguramente caso a caso, si es mejor dejar construir o si se opta por la protección.
